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La expresidenta de Adif, imputada por el caso Koldo por la contratación de la expareja de Ábalos

El juez imputa a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jésica Rodríguez
El juez imputa a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jésica Rodríguez Derechos de autor  Copyright 2013 AP. All rights reserved.
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Por Euronews español
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Isabel Pardo de Vera está siendo investigada por malversación de fondos y tráfico de influencias; deberá acudir a la cita el 29 de mayo.

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La expresidenta de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), Isabel Pardo de Vera, ha sido citada por el juez Ismael Moreno que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Pardo de Vera está siendo investigada por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y deberá declarar el 29 de mayo a las 10:00 sobre su papel en la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes e histórico político del PSOE, José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. 

Según informan medios nacionales, el magistrado Moreno sostiene que, de lo informado por el Tribunal Supremo, Pardo de Vera "habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez por la empresa Ineco", a petición de Álbalos y su exasesor en el cargo y principal investigado, Koldo García.

El caso Koldo se remonta a la peor etapa del la pandemia por la COVID-19 y salpica directamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por una presunta trama de corrupción que se investiga para determinar si hubo cobros ilegales en contratos de compra de mascarillas. La investigación surge de una denuncia interpuesta por el Partido Popular (PP) de Madrid ante la Fiscalía de Anticorrupción en marzo 2022.

En marzo de 2020, una vez decretado el estado de alarma, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, donde se señalaba que todos los contratos que tuvieran que establecerse para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y hacer frente a la COVID-19 se tramitarían por la vía de emergencia, es decir, contrataciones rápidas por con poca transparencia.

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