La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, arremetió contra la UE por su inclusión en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales. Acusa al bloque europeo de estar vinculado al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
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La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del chavismo, ha acusado este jueves a la Unión Europea de estar implicada en delitos de lavado de activos procedentes del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Las acusaciones llegan en respuesta a la reciente decisión de la Eurocámara de incluir a Venezuela en la lista de "jurisdicciones de alto riesgo" en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El órgano legislativo venezolano calificó su inclusión en la lista como "ridícula" y sostuvo que responde a una "estrategia neocolonialista, fracasada y decadente" de Bruselas contra el país latinoamericano. En un comunicado oficial, el Parlamento venezolano también criticó lo que considera una política "anacrónica" por parte del Ejecutivo de Ursula von der Leyen.
En ese mismo contexto, la Asamblea venezolana ha instado al presidente Nicolás Maduro a considerar la ruptura de relaciones comerciales con empresas de países miembros de la UE que operan en territorio venezolano, incluida España. El texto solicita que se evalúe esta medida "en un tiempo perentorio", como respuesta a lo que los diputados consideran una agresión política y económica contra la soberanía nacional del país.
Tensiones persistentes entre Caracas y Bruselas
La lista europea de jurisdicciones de alto riesgo se basa en informes técnicos y en un proceso de diálogo entre la Comisión Europea y los países señalados. Su objetivo es identificar a aquellos Estados cuya normativa y prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tienen deficiencias graves.
Las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea se han deteriorado en los últimos años y se han visto manchadas por numerosos episodios de tensión, sobre todo tras las últimas elecciones venezolanas. La UE ha sancionado a varios funcionarios del Gobierno de Maduro por violaciones a los derechos humanos y por socavar la democracia, mientras que Caracas ha respondido con expulsiones diplomáticas y discursos cargados de retórica antiimperialista.