El excomisario europeo ha negado las acusaciones penales formuladas contra él, después de que la Policía encontrara miles de euros al registrar sus propiedades.
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Didier Reynders negó formalmente el viernes las acusaciones penales formuladas contra él, después de que saliera a la luz que la Policía belga le está investigando por sospechas de blanqueo de dinero. El viernes, el medio de comunicación belga 'RTBF' informó de que la investigación sobre Reynders -anterior ministro de Finanzas y Asuntos Exteriores y más recientemente comisario de Justicia de la UE- se refería a alrededor de un millón de euros en fondos sospechosos.
Hablando a través de un abogado, Reynders dijo que estaba ayudando al magistrado encargado con las pesquisas y que el caso estaba relacionado con "la gestión de su patrimonio privado".
"La calificación penal dada a los hechos tal y como se presentan en la prensa es formalmente opuesta, tanto por una cuestión de hecho como de derecho", decía el comunicado, añadiendo: "en modo alguno se cuestionan los mandatos políticos que ha ostentado".
Investigan 800.000 euros en pagos en efectivo sospechosos y 200.000 euros en billetes de lotería
Las redadas, que tuvieron lugar inmediatamente después de que el domingo concluyera su mandato de cinco años en la Comisión Europea, fueron denunciadas por primera vez por el medio de investigación 'Follow the Money' y el diario belga 'Le Soir'. La investigación se refiere en gran parte a unos 800.000 euros en pagos en efectivo sospechosos durante los últimos 15 años, y a unos 200.000 euros en compras de billetes para la lotería nacional belga durante los últimos cinco años, informó 'RTBF'.
Una ley de la UE contra el blanqueo de capitales aprobada a principios de este año durante su mandato considera que las loterías nacionales son de bajo riesgo y, por tanto, necesitan menos controles, aunque un portavoz de la Comisión Europea ha negado que Reynders o su equipo tuvieran influencia alguna en esa disposición legal. El abogado de Reynders declinó hacer más comentarios, alegando la necesidad de respetar los procedimientos judiciales y recordando la presunción de inocencia.