La Comisión Europea ha puesto en duda que la Ley de Amnistía responda a un verdadero objetivo de interés general, al considerarla parte de un pacto político para investir a Sánchez.
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La Comisión Europea ha cuestionado este martes ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el "interés general" de la Ley de Amnistía. En una vista judicial celebrada en Luxemburgo, el representante del Ejecutivo europeo, Carlos Urraca Caviedes, dijo que no parece que la normativa "responda efectivamente a un objetivo de interés general", dado que forma parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Comisión también ha puesto en entredicho el plazo de dos meses para aplicar la amnistía y ha reprochado al Gobierno socialista no haber "atendido a las recomendaciones de la Comisión de Venecia", que pedía tomarse el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación.
Durante la vista relativa a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre si la Ley de Amnistía podría comprometer los intereses financieros de la Unión Europea, Bruselas ha descartado este argumento central que llevó el caso a Luxemburgo en primer lugar. "No parece que la disminución de la renta nacional bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión", afirmó.
El abogado del Ejecutivo comunitario dijo que no hay un "vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del 'procés') y los recursos propios de la Unión". No obstante, Bruselas subrayó que es competencia del Tribunal de Cuentas determinar si se utilizaron fondos europeos para financiar el proceso independentista, y advirtió de que el plazo de dos meses que establece la Ley de Amnistía para que los jueces la apliquen "podría dificultar" la realización de ese análisis.