Pedro Sánchez ha advertido desde Uruguay que quienes sufren el castigo "no son el Gobierno, sino los españoles" tras el rechazo del PP, VOX, Junts, Podemos y BNG al decreto para evitar nuevos apagones.
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El Gobierno no logra sacar adelante el decreto ley (con 183 votos en contra y 165 votos a favor) que reformaría el sistema eléctrico tras el apagón del 28A. Podemos se desmarca por considerar que el texto favorece al oligopolio energético, y el Partido Popular ha anunciado que votará en contra pese a la presión de las eléctricas y la patronal. La norma, apoyada por grupos ecologistas y empresariales, incluía medidas técnicas y fiscales para mejorar la respuesta ante emergencias eléctricas, reducir burocracia y ampliar el autoconsumo.
La imposibilidad por parte de la coalición de Gobierno de aprobarlo mediante la suma de sus socios habituales de investidura -Junts, PNV, ERC, Bildu y varios diputados del Grupo Mixto, como los de Podemos- se debe al rechazo de este último grupo. "Es un decreto que podría haber escrito Ignacio Sánchez-Galán, de Iberdrola", ha expresado Ione Belarra en los pasillos del Congreso ante los periodistas. "Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico".
El partido argumenta que el decreto no sanciona a las grandes comercializadoras por la ausencia de suministro durante el 28A ni les impone medidas para que no se repita esta situación. También critican la concesión a la Generalitat de Cataluña de dos millones de euros para reducir el impacto ambiental de sus macrogranjas, al considerarlo una subvención directa a las compañías que provocan este daño ecológico.
El Gobierno, por tanto, dependía del centroderecha en la Cámara para aprobar la ley impulsada por la vicepresidenta Sara Aagesen y que ha sido apoyada tanto por grupos ecologistas como por las patronales eléctricas y empresariales. La propia Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha reclamado unidad a todos los grupos parlamentarios para respaldar el Real Decreto, pero el Partido Popular ha votado en contra. También han rechazado el decreto otros grupos como VOX, Junts, Podemos o el BNG.
¿Cuáles son las principales medidas del Real Decreto?
- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará el control de la tensión cada trimestre por parte de los actores implicados, y elaborará un plan trienal de las capacidades de reposición del sistema en caso de una caída brusca de tensión.
- Red Eléctrica, el ente público-privado que gestiona la infraestructura del suministro, desarrollará en 15 meses propuestas técnicas para modificar la respuesta frente a las oscilaciones de potencia, entre otros aspectos. También centralizará los datos de consumo de 30 millones de contadores y actualizará cada tres años la planificación de las redes de transporte y distribución. Se planea, así mismo, la introducción en el sistema de compensadores para prestar apoyo en caso necesario.
- Reducción de burocracia: se recorta a la mitad el plazo para otorgar autorizaciones de instalaciones de almacenamiento hibridado en proyectos renovables. Si ya existiese una declaración de impacto ambiental, este procedimiento no será necesario.
- Incorporación de dos figuras al sistema: primero, la de agregador independiente, una entidad que agrupa a pequeños consumidores y productores de electricidad para participar en el mercado energético, actuando como una sola entidad y ofreciendo flexibilidad al sistema. Segundo, la de gestor de autoconsumo, para agrupar así mismo a aquellos clientes que participan del mercado eléctrico mediante esta modalidad. Se permite, además, un mismo consumidor esté asociado a dos modalidades de autoconsumo, uno individual sin excedentes y otro mediante instalaciones próximas.
- Se renuevan varios plazos administrativos para las operadoras eléctricas y el desarrollo de puntos de recarga de vehículos eléctricos por parte de las mismas. Red Eléctrica tendrá la capacidad de recoger información de dichos puntos.
- Los ayuntamientos podrán aplicar exenciones fiscales para aquellas comunidades de vecinos que electrifiquen su climatización: deducciones del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Se modificará, además, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para no incluir la potencia de hornos y calderas eléctricas.