En el acuerdo, fraguado tras las manifestaciones estudiantiles contra el genocidio en Gaza y la posterior retirada de financiación pública, se modifican temarios sobre Oriente Próximo, a su profesorado y se refuerza el control sobre estudiantes extranjeros.
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La Universidad de Columbia ha confirmado este miércoles haber llegado a un acuerdo con la Administración de Donald Trump para pagar más de 220 millones de dólares (186,76 millones de euros) para resolver una disputa sobre los fondos federales de investigación retirados en medio de acusaciones de "antisemitismo", en palabras del Gobierno republicano, en el campus neoyorkino.
Según el acuerdo, esta universidad de la Ivy League -un grupo de universidades consideradas de élite en Estados Unidos- pagará dicha cantidad millonaria en el plazo de tres años, además de otros 21 millones de dólares (17,83 millones de euros) para resolver las supuestas violaciones de los derechos civiles contra empleados y estudiantes judíos que, según la Casa Blanca, se han producido tras el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.
Varios estudiantes y organizaciones del campus, como Jewish Voices For Peace (Voces judías por la paz), han denunciado el creciente clima de autoritarismo del Gobierno contra los manifestantes propalestinos y los intentos de modificar la narrativa sobre las protestas contra la violación de los derechos humanos en Gaza.
"El acuerdo supone un importante paso adelante tras un periodo de constante escrutinio federal e incertidumbre institucional", ha declarado la presidenta en funciones de la universidad, Claire Shipman, quien fue abucheada durante los últimos actos de graduación de los alumnos por sus concesiones a Trump, a diferencia de otras instituciones de la Ivy League como Harvard. Según Shipman, el acuerdo de este miércoles preserva la autonomía de su universidad.
La universidad había sido amenazada con la posible pérdida de miles de millones de dólares en ayudas gubernamentales, incluidos más de 400 millones de dólares (339,62 millones de euros) en subvenciones a principios de este año. Desde entonces, Columbia ha aceptado una serie de condiciones como una revisión de su proceso disciplinario estudiantil y la adopción de una polémica definición de antisemitismo respaldada por el Gobierno. Esto se aplicaría no sólo a la enseñanza, sino también a un comité disciplinario que ha estado investigando a estudiantes críticos con Israel.
El acuerdo también incluye una revisión del plan de estudios de Columbia sobre Oriente Próximo para garantizar que sea "exhaustivo y equilibrado", así como el nombramiento de nuevos profesores para su Instituto de Estudios sobre Israel y los Judíos. También prometió poner fin a los programas "que promuevan esfuerzos ilegales para lograr resultados basados en la raza, citas, objetivos de diversidad o esfuerzos similares".
En una publicación del miércoles por la noche de su plataforma Truth Social, el presidente Trump ha dicho que Columbia se había comprometido a poner fin a sus "ridículas políticas de diversidad", a admitir estudiantes basados "solo en el mérito" y proteger las "libertades civiles" de sus estudiantes en el campus. También advirtió lo siguiente: "Otras instituciones de educación superior han dañado a muchos, han sido muy injustas, y han gastado erróneamente dinero federal".
Represión tras las protestas en Columbia
El acuerdo entre la principal universidad estadounidense y la Administración Trump llega tras meses de negociaciones en la universidad de más de 270 años. Este fue uno de los primeros objetivos de las medidas enérgicas de Trump contra las protestas propalestinas en los campus y contra las universidades que, según él, han permitido que los estudiantes judíos sean acosados y amenazados.
El grupo de trabajo sobre antisemitismo de Columbia considera que los estudiantes judíos se habían enfrentado a abusos verbales y ostracismo durante las manifestaciones de 2024. Otros estudiantes judíos que participaron en las manifestaciones, así como los líderes de las protestas, reiteran que estas no se dirigen contra los judíos, sino contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y sus políticas militares y contra los derechos humanos.