La Audiencia Nacional ha determinado que Jordi Pujol, de 95 años, está en condiciones de afrontar el juicio por la fortuna familiar oculta en Andorra, aunque lo hará desde su domicilio y por videoconferencia. La decisión contradice el informe forense que advertía de su deterioro cognitivo.
Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña entre los años 1980 y 2003, tendrá que enfrentarse al juicio por su fortuna familiar oculta en Andorra, pese a sus 95 años y al deterioro cognitivo que apuntan los forenses, según ha dictaminado la Audiencia Nacional este lunes.
El tribunal considera que, al menos por ahora, el exdirigente catalán está en condiciones de afrontar el proceso, aunque lo hará desde su domicilio y mediante videoconferencia. La decisión se tomó después de una comparecencia reservada en la que los jueces escucharon tanto al propio Pujol como a los peritos médicos que evaluaron su estado.
El exmandatario, vestido con traje y asistido por uno de sus abogados, reconoció a través de la pantalla que su estado de salud es limitado. "Estoy a su disposición para responder lo mejor que pueda, pero muy en forma no estoy", dijo.
El criterio de la Sala choca frontalmente con un informe elaborado por dos forenses de la Audiencia Nacional, quienes concluyeron que Pujol no se encuentra en condiciones físicas ni mentales para defenderse con garantías.
Un caso histórico
Con esta decisión, el juicio continúa contra Pujol, sus siete hijos y otras 11 personas acusadas de integrar una estructura destinada a ocultar ingresos ilícitos durante décadas. La Fiscalía sostiene que Pujol y su esposa, Marta Ferrusola (fallecida en 2024), dirigieron una red de "operaciones de ocultación y afloramiento" para gestionar pagos de empresarios afines.
El proceso, uno de los más extensos y simbólicos de la democracia española, pone en cuestión el legado político del hombre que gobernó Cataluña entre 1980 y 2003 y que durante décadas fue figura central del nacionalismo catalán. La vista se alargará, según previsiones, hasta mediados de 2026, con centenares de testigos y un examen exhaustivo de la actividad económica y política de la familia.