El Ejecutivo central y la Generalitat acuerdan un nuevo modelo fiscal para Cataluña que contempla la recaudación íntegra de impuestos por parte de la administración autonómica. Su aplicación, sin cifras ni plazos concretos, ha provocado una división política.
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El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han acordado este lunes las bases para desarrollar un nuevo modelo de financiación singular en la comunidad autónoma, uno de los puntos exigidos por la formación catalana ERC para el Gobierno de Sánchez. El principio del acuerdo, gestado hace casi un año en el marco de la investidura del socialista Salvador Illa como 'president' de la Generalitat, contempla que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos en su territorio y transfiera posteriormente una parte al Estado.
El modelo, aún sin cifras ni calendario definido, fue uno de los principales temas tratados en la segunda Comisión Bilateral celebrada en el Palau de la Generalitat desde el cambio de Gobierno catalán. La reunión contó con la ausencia destacada de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya candidatura en Andalucía ha sido criticada por ERC por, supuestamente, ralentizar las negociaciones.
Según lo expuesto por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el sistema respetará la legalidad constitucional y europea, y permitirá a Cataluña participar en foros multilaterales junto a otras comunidades. Además, se garantizará el principio de ordinalidad, para que la comunidad no pierda posiciones en la redistribución estatal tras su aportación fiscal.
Una de las claves del nuevo modelo será la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, lo que implicará pasar de gestionar unos 5.000 millones de euros actualmente a cerca de 30.000 millones en 2026, según las previsiones del Gobierno. Para ello, se creará un grupo de trabajo conjunto y se reforzarán los recursos técnicos y humanos de la hacienda catalana.
Además, el acuerdo prevé que la Administración General del Estado transfiera recursos a Cataluña para sufragar competencias exclusivas como el sistema penitenciario. El 'conseller' de Presidencia, Albert Dalmau, ha calificado el acuerdo como un "cambio de paradigma", mientras que desde el Gobierno se defiende que este paso "profundiza en el Estado autonómico" y puede abrir la puerta a que otras comunidades adopten modelos similares.
Críticas y división política
El acuerdo ha sido recibido con críticas por parte de formaciones como el Partido Popular, Vox y también desde sectores del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha rechazado el modelo por considerar que rompe el principio de igualdad entre territorios. "Parece mentira que la primera vez que se habla en serio de financiación sea simplemente para pagar favores", ha dicho.
Por su parte, desde Junts per Catalunya han considerado el pacto "decepcionante", al no incluir un concierto económico similar al del País Vasco. Su vicepresidente, Antoni Castellà, ha afirmado que el acuerdo no supondrá "ni un euro más" para Cataluña y no ha aclarado si su grupo votará a favor en el Congreso.
Ayuso cree que este "cupo separatista" es "una sentencia de muerte contra España"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este lunes contra el nuevo modelo de financiación para Cataluña, acordado por el Gobierno central y la Generalitat, asegurando que supone "una sentencia de muerte para España". En una rueda de prensa convocada de forma urgente, Díaz Ayuso acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "camuflar" la corrupción que, según ella, rodea a su entorno, utilizando este acuerdo como "distracción".
Ayuso no escatimó en críticas hacia los separatistas, a quienes calificó de "chulos" y "cómplices" de Sánchez, al tiempo que los tildó de ejercer como "socios" del presidente. En sus palabras, Sánchez es un "tirano" que "come de su mano" y "pone la cama", mientras los españoles son los que terminan pagando las consecuencias de un pacto, a su juicio, perjudicial para el país.
La presidenta madrileña advirtió que no descartaba tomar ninguna medida en contra del acuerdo y que, en cuanto el modelo de financiación fuera "definido, firmado y acordado", llevaría el asunto ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y cualquier instancia que fuera necesaria.
Opinión pública dividida
El debate también ha llegado a la ciudadanía. Según un barómetro publicado por la cadena española 'La Sexta', el 56,7% de los españoles se opone a que Cataluña recaude todos sus impuestos, frente al 43,3% que se muestra a favor.
El respaldo crece notablemente en Cataluña, donde un 65% apoya la financiación singular, frente al 35,3% que se posiciona en contra, según datos del Instituto Invymark.