La UDEF registró este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La compañía, con vínculos en Venezuela, fue rescatada por el Gobierno por la SEPI en 2021.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), integrada en la Policía Nacional, registraron este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. El registro se ha llevado a cabo por orden del Juzgado de Instrucción número 15, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. La actuación forma parte de unas diligencias reactivadas recientemente, centradas en posibles irregularidades económicas vinculadas a la actividad empresarial de la aerolínea.
Fuentes policiales subrayan que esta investigación no tiene relación con otra causa sobre presuntas irregularidades en contratos públicos que en días recientes ha derivado en detenciones y registros en otras empresas. En el caso de Plus Ultra, explican, el trabajo de la UDEF se circunscribe a la recopilación de documentación contable, fiscal y societaria que pueda aclarar movimientos económicos sospechosos.
La intervención en la sede de la compañía incluyó la revisión de archivos internos y el acceso a sistemas informáticos corporativos para reconstruir operaciones financieras bajo investigación. Hasta el momento no se han comunicado imputaciones formales ni se ha identificado públicamente a posibles responsables.
Un rescate polémico
Según información publicada por 'El País', la Fiscalía de Madrid decidió reactivar diligencias que guardan relación con el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021 durante la crisis de la pandemia. Aquella investigación se archivó en 2023 debido a errores procesales, pero el Ministerio Público la retomó tras revisar documentación económica relacionada con la empresa.
La controversia en torno al rescate se intensificó porque Plus Ultra operaba entonces con una presencia limitada en el mercado español y mantenía parte de su estructura accionarial en manos de inversores extranjeros, lo que llevó a varios grupos parlamentarios a cuestionar si realmente podía considerarse una empresa estratégica. El Gobierno defendió en su momento que la ayuda se ajustaba a los criterios del fondo de solvencia diseñado para sostener compañías afectadas por la pandemia, pero las dudas sobre la relevancia económica de la aerolínea impulsaron un intenso debate público y solicitudes de fiscalización adicionales.
La compañía mantiene vínculos societarios con inversores en Venezuela, un aspecto que ha sido objeto de atención mediática y política desde la concesión de la ayuda estatal. Fuentes consultadas por el diario añaden que el reinicio de las diligencias no implica necesariamente que existan nuevos indicios penales, sino la necesidad de aclarar operaciones previas que no llegaron a examinarse por completo.
Plus Ultra ha trasladado que está colaborando con las autoridades y que ha facilitado toda la documentación solicitada por los agentes. La aerolínea ha señalado que el registro no ha afectado a la actividad operativa y que sus vuelos continúan con normalidad. El juzgado prevé nuevas actuaciones en los próximos días para determinar si los movimientos financieros investigados constituyen un delito de blanqueo de capitales.