Las autoridades italianas detuvieron a nueve personas sospechosas de financiar el movimiento palestino, que presuntamente enviaba dinero para apoyar atentados terroristas. También se incautaron de 8 millones de euros.
Las autoridades italianas llevaron a cabo una importante operación coordinada por la Dirección de Distrito Antimafia de Génova contra una presunta célula terrorista vinculada a Hamás. La Policía del Estado y la Guardia di Finanza aplicaron medidas cautelares contra nueve sospechosos, todos ellos en prisión preventiva, y ordenaron la incautación de bienes por valor de más de ocho millones de euros.
La investigación, que se inició a partir de informes sobre transacciones financieras sospechosas, desveló un complejo sistema de triangulaciones internacionales de divisas.
Los investigadores acusan a los sospechosos de formar parte de la organización Hamás y de financiarla activamente. Según la investigación, los fondos recaudados no se destinaban únicamente a fines humanitarios , sino que se utilizaban para apoyar las actividades delictivas del movimiento**, incluidos los atentados contra civiles.** Se calcula que se enviaron siete millones de euros a Gaza y los Territorios Palestinos para reforzar la estrategia armada del grupo.
Quiénes son los sospechosos de la operación
En el centro de la trama se encuentran varias asociaciones, entre ellas la Asociación Benéfica de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ABSPP), con sede en Génova. Mohammad Hannoun, señalado como el máximo responsable de la célula italiana, habría gestionado la recaudación de fondos desviando más del 71% de las donaciones a articulaciones controladas directamente por el ala militar de Hamás. Para eludir los controles bancarios internacionales, los sospechosos habrían constituido nuevas siglas, como la asociación "La Cúpula Dorada".
Las actividades de investigación, que comenzaron tras el atentado del 7 de octubre de 2023, se beneficiaron de la cooperación con las autoridades de los Países Bajos e Israel, lo que permitió el seguimiento de los flujos financieros y las comunicaciones interceptadas. Entre los receptores directos de los fondos se encontraban personalidades como Osama Alisawi, ex ministro del Gobierno de Hamás en Gaza. El dinero también se utilizó para apoyar a las familias de los terroristas implicados en atentados suicidas, garantizando así la continuidad logística e ideológica de la estructura criminal.
Las escuchas telefónicas y el análisis de los servidores incautados en Génova revelaron documentos en los que se describía el entrenamiento militar de jóvenes reclutas y la glorificación de los "mártires". Algunos sospechosos fueron identificados en fotografías en las que aparecían en equipo de combate con las Brigadas Al Qassam. Estos elementos, según la fiscalía, confirman la plena adhesión subjetiva al programa terrorista y la coordinación constante con una red más amplia que opera en toda Europa.
"Las investigaciones y los hechos que han surgido a través de ellas no pueden en modo alguno restar importancia a los crímenes cometidos contra la población palestina después del 7 de octubre de 2023 en el curso de las operaciones militares emprendidas por el Gobierno de Israel, para las que se está a la espera de la sentencia de la Corte Penal Internacional, que se dictará de conformidad con el Estatuto de Roma, ratificado por 125 Estados miembros, entre ellos, en un papel de impulso y apoyo, Italia", escribe la Policía del Estado italiano al anunciar la operación.
Y añade: "Al mismo tiempo, tales crímenes no pueden justificar los actos de terrorismo (incluidos los del 7 de octubre de 2023) llevados a cabo por Hamás y las organizaciones terroristas vinculadas a ella contra la población civil, ni constituir una circunstancia atenuante".
"Para la jurisprudencia de la legitimidad, en efecto, los actos terroristas constituyen comportamientos que, aun cometidos en el marco de conflictos armados, consisten en conductas violentas dirigidas contra la población civil, incluso si están presentes en territorios que, según el derecho internacional, deben considerarse ilegítimamente ocupados", concluye la nota difundida.