El centro Erasmo Meoz -el único con capacidad para atender casos complejos en la región colombiana de Norte de Santander, fronteriza con Venezuela- se declara en alerta amarilla por la llegada de inmigrantes y familiares que esperan la liberación de los presos políticos venezolanos.
Cúcuta es, desde hace años, la principal puerta de entrada entre las dos mitades de la efímera región de la Gran Colombia. Esta ciudad se ha convertido durante los últimos días en el hogar de inmigrantes venezolanos que esperan noticias sobre la liberación de sus familiares, apresados por el régimen chavista. La metrópolis cuenta con una población censada de 800.000 personas y varios hospitales públicos. Pero solo uno de ellos, el Erasmo Meoz, puede atender a aquellos que cruzan a este lado de la frontera.
Este hospital cuenta con una clasificación de grado III: la que corresponde para aquellos centros que el Gobierno colombiano considera de referencia para cada departamento -en este caso, el de Norte de Santander- y que cuentan con el máximo grado de especialización para casos complejos. Esto es algo especialmente importante para atender a aquellos inmigrantes con cuadros complejos tras su viaje, o para aquellos presos políticos que hayan sobrevivido a condiciones de tortura o malnutrición.
El resto de hospitales, como el Francisco de Paula u otros del área metropolitana de Cúcuta (que suma 200.000 habitantes más) solo cuentan con un nivel II de especialización, y sus profesionales solo proveen una atención básica o cirugías generales. Por esta razón, prácticamente todos los refugiados del país fronterizo son derivados a este centro de la capital nortesantandereana.
El Meoz es el gran símbolo de la presión sobre los servicios públicos que experimenta Cúcuta cuando se dan este tipo de oleadas migratorias. Se estima que la ciudad cuenta con una población flotante que ronda los 75.000 venezolanos. Mientras que en 2015 solo atendía a unos 2.000 venezolanos, esa cifra se multiplicó hasta los 14.000 en 2018.
Según declaraciones de un miembro de la junta directiva del centro, Mario Galvis, para el canal argentino 'Crónica', el servicio de urgencias supera el 300% de su capacidad: muchos de ellos permanecen en los pasillos esperando a ser atendidos. El hospital cuenta con 380 camas, de las cuales alrededor del 30% estarían ocupadas por inmigrantes venezolanos. En el área de obstetricia esta proporción crece a la mitad: el 50% de las pacientes embarazadas proviene de Venezuela.
De momento no existe una oleada migratoria récord, pero el centro se mantiene en alerta amarilla en caso de que la situación al otro lado del puente fronterizo, el Simón Bolívar, evolucionase.