Un correo electrónico fechado en julio de 2011 muestra que el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red cercana trataron de explotar la agitación política y económica en Libia para obtener beneficios financieros.
Jeffrey Epstein, depredador sexual convicto, buscaba acceso a activos estatales libios congelados a través de una red de antiguos funcionarios de los servicios de inteligencia británicos e israelíes, según revelan nuevos documentos publicados en el marco de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Un correo electrónico fechado en julio de 2011, enviado por uno de los socios de Epstein, revela planes para aprovechar la "agitación política y económica" en Libia para identificar y recuperar fondos libios congelados en países occidentales, que ascendían a unos 80.000 millones de dólares, incluidos 32.400 millones en Estados Unidos.
El correo electrónico describía los activos como "robados y malversados", señalando que su valor potencial podría ser de tres a cuatro veces esa cantidad. La carta también argumentaba que Libia, rica en petróleo y con un capital humano bien formado, representa una oportunidad estratégica para inversiones financieras y legales.
Los documentos hablaban de conversaciones preliminares con algunos bufetes de abogados internacionales para trabajar en el caso con una fórmula de honorarios contingentes u honorarios de éxito, lo que significa que los bufetes sólo cobrarían si ganaban el caso. Los documentos también revelaban que antiguos funcionarios del servicio de inteligencia británico MI6 y del Mossad israelí han expresado su voluntad de contribuir a los esfuerzos para identificar y recuperar los activos "robados".
La correspondencia afirmaba que identificar y recuperar una pequeña parte de estos fondos podría generar "miles de millones de dólares" y citaba proyecciones según las cuales Libia necesitará gastar al menos 100.000 millones de dólares en reconstrucción y recuperación económica en el futuro.
Libia está luchando por recuperar los fondos del país congelados en varios países occidentales en virtud de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en marzo de 2011 como parte de las sanciones impuestas al régimen de Muamar Gadafi durante el levantamiento que derrocó a su régimen.
El año pasado, el Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Abdelhamid Dbeibeh, formó un comité jurídico para seguir el expediente en cooperación con varios países, después de que detectara demandas interpuestas por algunos de estos países exigiendo embargar parte de los fondos con el pretexto de compensarles por las inversiones interrumpidas en Libia como consecuencia de las guerras en curso.
El Consejo de Seguridad había prometido en el momento de la adopción de la Resolución 1973 en 2011 descongelar los fondos y entregarlos a las autoridades libias cuando terminara la guerra, pero la continuación de los conflictos en los últimos años ha obstaculizado la aplicación de esta resolución, apoyando las justificaciones para retrasar la recuperación de los fondos.
El viernes, el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo público un último lote de documentos relacionados con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, que incluye más de 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 fotos, en virtud de una ley que exige la divulgación completa de sus archivos.
El Ministerio confirmó que los archivos habían sido sometidos a extensas redacciones para proteger la intimidad de las víctimas y las investigaciones en curso, y que algunos documentos habían sido retenidos por razones legales, como el privilegio abogado-cliente, y que se había presentado un informe detallado al Congreso.
La retención de algunos archivos provocó las críticas de miembros del Congreso que exigían la divulgación de las comunicaciones internas relacionadas con las decisiones de investigar a Epstein y sus asociados.
Jeffrey Epstein, empresario estadounidense acusado de dirigir una vasta red de explotación sexual de menores, algunos de tan solo 14 años, fue hallado muerto por suicidio en su prisión de Nueva York en 2019.
Los archivos del caso revelan la implicación de destacadas personalidades, como el príncipe británico Andrés, antes conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, que fue despojado de sus títulos reales, los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Donald Trump, y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.