La Cámara Baja ha dado luz verde a la reforma del Código Penal impulsada por Junts, con una votación inusual donde la oposición ha superado en apoyos a los socios del Gobierno. ERC se abstuvo tras pactar 180 nuevas plazas judiciales para Cataluña.
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma penal sobre multirreincidencia en una sesión marcada por las contradicciones. La norma, registrada por Junts en marzo de 2024 y paralizada durante meses, salió adelante con los votos de PSOE, PP, Vox, Junts y PNV. Una combinación extraña que refleja las fracturas dentro del bloque gubernamental.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG votaron en contra. Estos partidos llevan semanas criticando la medida por considerarla populista y alineada con el discurso de la extrema derecha. La tensión dentro del Ejecutivo quedó patente cuando varios ministros de Sumar expresaron públicamente su rechazo.
Esquerra Republicana optó por la abstención después de cerrar un acuerdo con el PSOE. Gabriel Rufián explicó en los pasillos del Congreso que su partido había conseguido 90 jueces adicionales para Cataluña de forma inmediata, con otros 90 en el siguiente año. "El colapso judicial es bestial", dijo Rufián, quien reconoció que el problema existe, pero criticó que la solución sea únicamente subir las penas.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma modifica el Código Penal para endurecer el castigo a quienes cometen hurtos de manera reiterada. Hasta ahora, los robos de menos de 400 euros no conllevaban pena de cárcel. Con la nueva regulación, las personas condenadas tres o más veces por delitos similares podrán enfrentarse a hasta tres años de prisión.
También se incorpora el castigo por multirreincidencia en casos de estafa con ánimo de lucro, donde la pena dependerá del importe defraudado. Otra de las novedades permite prohibir a los condenados acudir a determinados barrios o municipios, así como comunicarse con ciertas personas.
Los alcaldes catalanes recibieron la noticia con satisfacción. Ana María Martínez, presidenta de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona, destacó que las policías locales tendrán más herramientas para trabajar. Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, fue directa: "Queremos que quien delinque de forma reiterada esté en las cárceles, no en las calles".
La reforma aún debe pasar por el Senado antes de su aplicación definitiva, algo que está previsto para abril. Mientras tanto, el debate sobre si esta medida resuelve el problema o simplemente llena las prisiones seguirá abierto en el Parlamento y en la calle.