Las petroleras de la UE ganan cada día 81,4 millones de euros extra por el encarecimiento del combustible, mientras expertos piden un impuesto extraordinario sobre esos beneficios.
Los gobiernos de la UE afrontan una creciente presión para "gravar de forma urgente los beneficios de los combustibles fósiles", con el fin de recortar las facturas energéticas y acelerar la inversión en energías renovables de producción propia.
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Un nuevo estudio de la ONG Greenpeace concluye que las grandes petroleras de la UE se embolsan cada día 81,4 millones de euros adicionales en beneficios, mientras la guerra en Irán dispara los precios. Solo en marzo esto equivale a unos 2.500 millones de euros de beneficio extra.
La UE ya ha advertido de que los precios del petróleo y el gas no van a bajar a corto plazo, incluso si el conflicto en Oriente Medio llega a su fin. Desde entonces se ha pedido a los Estados miembros que detallen medidas para reducir el consumo de petróleo y gas, en particular en el sector del transporte.
Con el ritmo actual de beneficios adicionales, el estudio concluye que los gobiernos podrían financiar cada mes 60 millones de abonos mensuales de transporte público gratuitos, o bien entregar 60€ mensuales a los 40 millones de personas de la UE que tienen dificultades para pagar sus facturas de energía.
Qué país se beneficiaría más de un impuesto sobre beneficios extraordinarios
Según Greenpeace (fuente en inglés), desde el inicio de la guerra en Irán los mayores beneficios extraordinarios en la UE se han registrado en Alemania, Francia, España e Italia.
Como mayor mercado de combustibles de la UE, Alemania encabeza la lista y registra en marzo una expansión de los márgenes de beneficio superior a la media tanto en diésel como en gasolina.
El mayor aumento del margen de beneficio por litro de diésel se dio en Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria, mientras que en gasolina se registró en Alemania, Austria, España y Dinamarca.
"Mientras la gente muere en Oriente Medio y millones de personas en Europa lidian con unos precios del combustible disparados, los gobiernos permiten que las petroleras llenen sus bolsillos", denuncia Ariadna Rodrigo, responsable de campaña política de Greenpeace Europa.
"Tienen que introducir con urgencia impuestos más elevados sobre todos los beneficios de los combustibles fósiles y utilizar ese dinero para reducir las facturas de la energía de la población, desplegar renovables baratas, seguras y de producción propia y apoyar a las comunidades afectadas por el colapso climático", añade.
Puede la UE reducir los impuestos sobre las renovables
La solución a largo plazo para abaratar las facturas de la energía, como ya se está demostrando en España, pasa por invertir en renovables propias, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados. Los precios inflados hicieron que estas importaciones costaran a la UE 2.500 millones de euros adicionales en los primeros diez días de la guerra en Irán.
La solución a corto plazo, que los gobiernos podrían aplicar de la noche a la mañana, es recortar los impuestos que paga la ciudadanía.
El año pasado, el 28 % de la factura eléctrica de un consumidor europeo medio correspondió a impuestos y tasas, según la AIE.
Muchos consideran esto especialmente injusto, porque los impuestos a la electricidad son mucho más elevados que los que gravan los combustibles fósiles, pese a que estos son la principal causa de la crisis climática y de biodiversidad. En España, en 2025 los impuestos sobre la luz fueron 4,2 veces superiores a los que se aplican al gas fósil, mientras que en Alemania fueron 3,2 veces mayores.
Con las cinco grandes petroleras obteniendo en 2024 más de 88.000 millones de euros de beneficios, una mayor presión fiscal seguiría dejándolas en números positivos.
Los gobiernos europeos buscan fórmulas ingeniosas para recortar los impuestos sobre la electricidad
La factura de la luz se compone de tres partes: costes de la energía, peajes o tarifas de red e impuestos. Como recuerda Climate Action Network (CAN) Europe, cada componente de la factura "depende de las decisiones políticas de los gobiernos".
Los costes de la energía son lo que se paga por la electricidad que realmente se consume y vienen determinados por numerosos factores variables, como el precio mayorista de la electricidad, la hora del día o las condiciones meteorológicas. Las tarifas de red o de transporte financian el mantenimiento de los postes, cables e infraestructuras que llevan la electricidad hasta hogares y empresas, mientras que los impuestos que se añaden a la factura los deciden los gobiernos.
Si los hogares y las empresas pagan menos impuestos, es probable que los gobiernos tengan que compensar la pérdida de ingresos. La solución, sostiene CAN Europe, pasa por "reajustar la fiscalidad aliviando la electricidad y cargando más sobre los combustibles fósiles".
Algunos gobiernos ya han logrado reducir con éxito el precio de la electricidad mediante cambios fiscales. Alemania, que tiene las facturas eléctricas más altas de Europa, consiguió recortar las facturas anuales un 16 % al sacar de los recibos de la luz un recargo para renovables y trasladarlo a los impuestos generales.
Dinamarca ideó la fórmula de abaratar la electricidad destinada a la calefacción, premiando así a hogares y empresas que instalaban bombas de calor.
"El Gobierno danés considera que la exención fiscal fue en parte responsable del fuerte aumento de instalaciones de bombas de calor entre 2019 y 2021 y de nuevo en 2023", según un informe de la ONG Regulatory Assistance Project.
"Empezar a gravar a las empresas que alimentan la crisis climática"
En respuesta a la actual crisis energética, provocada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz y la reducción de las exportaciones de energía desde Oriente Medio, decenas de países, entre ellos la mayoría de los europeos, acordaron liberar una cantidad récord de petróleo de sus reservas de emergencia.
Fanny Petitbon, de la organización ecologista [350.org](http://350.org %28fuente en inglés%29/), sostiene que esto equivale a poner "una tirita sobre una herida abierta".
"Si los países del G7 hablan en serio de estabilizar el mercado, deben dejar de proteger los beneficios y empezar a gravar a las empresas que alimentan la crisis climática", afirma.
"La gente trabajadora no debería pagar el precio mientras las grandes petroleras tratan la guerra en Oriente Medio como si les hubiera tocado la lotería", añade.
¿Trasladan las grandes compañías de combustibles fósiles los impuestos a los consumidores?
Es lógico temer que, si las grandes compañías de combustibles fósiles como Aramco y Gazprom vieran reducidos sus beneficios por unos impuestos más altos, repercutieran esa pérdida subiendo los precios a sus clientes, lo que se traduciría en facturas más elevadas para los consumidores.
Pero un análisis de CAN Europe concluye que esto es poco probable, "las pruebas económicas muestran que los impuestos sobre los beneficios, a diferencia de los impuestos al consumo, por lo general no se trasladan a los consumidores ni a otras empresas, ya que los precios vienen determinados principalmente por los costes del combustible, el diseño del mercado y las limitaciones de la infraestructura, y no por la fiscalidad empresarial. Y no hay una correlación significativa entre unos impuestos corporativos más altos y unos precios de la electricidad más elevados en los países de la UE".
Los impuestos permanentes sobre beneficios extraordinarios son la respuesta
Durante la última gran sacudida energética en Europa, tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, el bloque introdujo una "contribución de solidaridad", un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de los combustibles fósiles destinado a proteger a hogares y empresas de los precios energéticos inflacionistas. Recaudó 28.000 millones de euros, que los Estados miembros de la UE utilizaron en su mayoría para apoyar económicamente a los consumidores de energía, en particular a los hogares vulnerables.
Numerosas organizaciones climáticas reclaman recuperar ese impuesto extraordinario y convertirlo en permanente, creando así fondos para impulsar la transición hacia una energía limpia.
"A corto plazo, reducir los impuestos sobre la electricidad e introducir medidas de apoyo específicas financiadas gravando los beneficios excesivos que está obteniendo la industria de los combustibles fósiles puede dar un respiro a la población. Pero a largo plazo, esos beneficios deberían gravarse de forma permanente y destinarse a blindar el sistema energético europeo mediante inversiones en renovables, eficiencia, redes y electrificación", señala Seda Orhan, responsable de Energía de CAN Europe.