Del caserío de Elgoibar a las negociaciones internacionales, el proceso que buscó el fin de ETA avanzó entre contactos discretos, apuestas políticas y tensiones internas.
Un caserío y su dueño, Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi. Así comenzó a dibujarse el principio del fin de ETA. Corría el año 2001 cuando ambos dirigentes, uno del PSE-EE y otro de la izquierda abertzale, empezaron a reunirse con un objetivo: explorar una salida a los años de plomo.
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Aquellos encuentros, inspirados en procesos como el de Irlanda del Norte, fueron asentando una idea que con el tiempo ganaría peso: trasladar el conflicto de la calle a la mesa de negociación.
Las comidas con Peio Rubio, el dueño del caserío ('baserri'), así como las reuniones avanzaban lentamente hasta que el 11 de marzo de 2004 lo cambió todo. Los atentados yihadistas en Madrid, con casi 200 víctimas, alteraron por completo el tablero político y social.
El Gobierno de José María Aznar señaló inicialmente a ETA, lo que obligó a Otegi a desmentir cualquier implicación de la organización. Tres días después, las elecciones generales dieron la victoria al PSOE en un contexto marcado por la tensión y el descrédito institucional. Estas elecciones han sido la única vez en la que el pueblo español acudió a las urnas con voto de castigo y no económico.
ETA, consciente del impacto, retrasó su vuelta a la violencia unos cuatro meses, en un momento en el que además mostraba signos evidentes de debilidad: llevaba tiempo sin atentados mortales y veía erosionado su apoyo social.
Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, el escenario cambió. En agosto de 2004, el Ejecutivo recibió una carta de ETA, canalizada por Eguiguren, en la que la organización planteaba "resolver el conflicto". Con Zapatero también entra la figura de Rubalcaba en el mapa.
El ministro del Interior aseguró en el documental 'El fin de ETA' que de haber sabido sobre las reuniones de Eguiguren y Otegi "no se habrían celebrado". Es entonces cuando Rubalcaba recibe el encargo por parte de su presidente de comenzar las negociaciones para conseguir la paz.
El Gobierno aceptó explorar esa vía. Pocos meses después, en noviembre, la izquierda abertzale lanzó la Propuesta de Anoeta, que planteaba un doble carril: por un lado, un acuerdo de pacificación con los Estados español y francés; por otro, una negociación política entre partidos vascos sobre el futuro del territorio.
La iniciativa suponía, en la práctica, otorgar mayor protagonismo político a Batasuna frente a ETA y apostaba por una salida democrática basada en la consulta a la ciudadanía, aunque sin plazos inmediatos para un eventual referéndum.
El aval del Congreso y la mediación internacional
El 17 de mayo de 2005, el Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno a dialogar con ETA. Todos los grupos apoyaron la iniciativa salvo el Partido Popular, que se mantuvo al margen del proceso. La hoja de ruta se basaba en una idea clave: la política podía contribuir al fin de la violencia, pero sin contrapartidas políticas directas.
Con ese respaldo, comenzaron los contactos formales con mediación internacional en el Centro Henri Dunant de Ginebra. En junio de ese año se produjo un encuentro clave entre Eguiguren y Josu Ternera, figura histórica de ETA, en el que se empezó a perfilar un posible alto el fuego.
El 22 de marzo de 2006, ETA anunció un alto el fuego "permanente" que entraría en vigor dos días después. El Gobierno, tras verificar el cese de la violencia, respondió con una declaración en la que se comprometía a respetar las decisiones de la ciudadanía vasca dentro del marco legal.
Para entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba ya había asumido el Ministerio del Interior, con el encargo directo de pilotar la fase más delicada del proceso. Las negociaciones avanzaban en dos planos: uno técnico, centrado en el fin de la violencia, y otro político, en el que los partidos debían abordar el futuro del País Vasco. Sin embargo, esta dualidad pronto generó tensiones.
Tensiones internas y el desgaste del proceso
ETA comenzó a endurecer su posición. La organización presionó para abrir simultáneamente la mesa política, rompiendo la secuencia de "primero la paz, luego la política". A ello se sumaron factores externos: decisiones judiciales, la falta de consenso con el Partido Popular y las dificultades para integrar plenamente a Batasuna en el proceso.
Ante el bloqueo, el Gobierno impulsó la entrada del PNV en las conversaciones. Entre septiembre y noviembre de 2006, PSOE, PNV y Batasuna mantuvieron reuniones en el santuario de Loyola, donde llegaron a consensuar bases para un acuerdo político que incluían el reconocimiento de la identidad nacional vasca y mecanismos de decisión democrática.
Pero mientras se negociaba, ETA seguía moviendo ficha. Robos de armas, actos de intimidación y preparativos de atentados evidenciaban la división interna entre el sector negociador y el aparato militar. El relevo en la cúpula, con el ascenso de figuras más duras como Francisco Javier López Peña alias 'Thierry' o el peso creciente de 'Txeroki', terminó por inclinar la balanza.
El 30 de diciembre de 2006, un coche bomba estalló en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Murieron dos ciudadanos ecuatorianos. El atentado, que ETA aseguró no haber planeado con víctimas mortales, supuso el golpe definitivo al proceso. Ese mismo día, representantes del PSOE y Batasuna trataban de reconducir las negociaciones, pero la explosión hizo imposible cualquier continuidad.
El final del proceso y el retorno a la violencia
El Gobierno dio por roto el diálogo, aunque evitó escenificar una ruptura formal inmediata. Un último intento de contacto en 2007 confirmó que no existían condiciones para retomar las conversaciones. ETA declaró oficialmente el fin del alto el fuego en junio de ese año, pero lo hizo desde una posición debilitada. Su capacidad operativa era menor y sus atentados, más erráticos.
En ese contexto, la organización intentó recuperar protagonismo con acciones como el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco en marzo de 2008, en vísperas electorales. Fue, en muchos sentidos, un gesto desesperado que evidenciaba el fracaso de la vía violenta frente a un proceso político que, aunque truncado, había cambiado para siempre el escenario.