El magistrado descarta archivar el proceso por narcotráfico, pero cuestiona el bloqueo a fondos venezolanos para cubrir los honorarios legales.
El juez federal de Nueva York que instruye el proceso por narcotráfico y corrupción contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, rechazó desestimar la causa, aunque dejó abierta la puerta a revisar si el Estado venezolano puede sufragar los gastos legales del matrimonio.
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En la segunda audiencia del caso, el magistrado Alvin Hellerstein fue tajante: "No voy a desestimar el caso". La decisión mantiene vivas unas acusaciones que incluyen tráfico de drogas y otros delitos graves, con penas potenciales de cadena perpetua.
No obstante, el foco de la vista se desplazó hacia una cuestión clave y políticamente sensible: el acceso a fondos venezolanos bloqueados por las sanciones de Estados Unidos para pagar los honorarios de los abogados. Hellerstein sostuvo que no considera a Maduro "una amenaza para la seguridad nacional" porque se encuentra detenido, un matiz que incide directamente en el argumento del Gobierno estadounidense para impedir el uso de esos recursos.
Maduro y Flores comparecieron en la sala vestidos con uniformes presidiarios y auriculares para seguir la traducción, sentados entre sus abogados. Ambos se han declarado inocentes desde su primera comparecencia en enero, cuando Maduro protestó por su captura y afirmó: "No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país".
¿Puede Venezuela correr con los gastos de su defensa?
El debate central giró en torno a si Washington puede seguir bloqueando fondos del Gobierno de Venezuela destinados a la defensa legal del acusado. La Fiscalía argumentó que permitir ese acceso socavaría el régimen de sanciones, diseñado precisamente para evitar que Maduro y su entorno se beneficien de los recursos del Estado. El fiscal Kyle Wirshba destacó, además, que estas sanciones se impusieron por el presunto expolio de fondos públicos desde Caracas.
La defensa replicó que el bloqueo vulnera derechos constitucionales. El abogado Barry Pollack subrayó que sus clientes "tienen todo el derecho a usar" fondos venezolanos para costear su defensa y advirtió de que recurrir a defensores públicos drenaría recursos pensados para personas sin medios. En su opinión, se trata de un caso "en el que hay alguien distinto del contribuyente estadounidense dispuesto, capacitado y disponible para financiar la defensa".
Hellerstein cuestionó la solidez del argumento gubernamental en un contexto de cierto deshielo diplomático entre Washington y Caracas. "No veo un interés persistente de seguridad nacional que prevalezca sobre el derecho a defenderse", dijo, y añadió que ese derecho "es primordial".
Aunque reconoció que el Gobierno "tiene derecho a bloquear los fondos", sugirió que la licencia que permitiría los pagos pudo haber sido "retenida de forma arbitraria". El juez no fijó plazos para tomar una decisión y dejó abierta la posibilidad de que la defensa vuelva a pedir el archivo si el Tesoro no rectifica.
Concentraciones a las puertas del juzgado
Mientras se desarrollaba la audiencia en Nueva York, a las puertas del tribunal se vivió un ambiente tenso y ruidoso. Simpatizantes y detractores de Maduro se concentraron a ambos lados de una valla metálica, con cánticos, bocinas y tambores. Entre los manifestantes contrarios al presidente venezolano se veían carteles con lemas como "Maduro púdrete en prisión", mientras que sus seguidores reclamaban "Liberen al presidente Maduro".
Las protestas tuvieron eco también en Caracas, donde varios cientos de personas se reunieron en una plaza para expresar su apoyo al matrimonio y denunciar lo que consideran una violación de la soberanía venezolana. "Esperamos que en Estados Unidos, si de verdad existe la justicia, se celebre un juicio que conduzca a la libertad del presidente Maduro", afirmó en declaraciones a AP el jubilado Eduardo Cubillan, de 80 años, quien calificó la captura del exmandatario de "secuestro" y pidió que "se haga justicia".
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, permanecen recluidos en un centro de detención de Brooklyn. No han solicitado la libertad bajo fianza y el juez aún no ha fijado fecha para el juicio. El caso, que incluye acusaciones de colaborar con cárteles y facilitar envíos masivos de cocaína a Estados Unidos, se desarrolla en paralelo a un complejo tablero diplomático y a un debate jurídico que, por ahora, mantiene intacta la causa pero pone bajo escrutinio el acceso a los fondos para la defensa.