El candidato presidencial Rafael López Aliaga, que denunció un supuesto "fraude o sabotaje" electoral, borró un mensaje donde ofrecía dinero como recompensa por pruebas para sustentar sus acusaciones.
El candidato ultraconservador a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, ha borrado un mensaje en las redes sociales en el que ofrecía una recompensa económica a funcionarios electorales que aportaran pruebas de un supuesto fraude en las elecciones generales celebradas el domingo, en medio de la tensión por el ajustado recuento de votos.
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Aliaga había prometido "20.000 soles (unos 5.000 euros) de recompensa" a quienes le entregaran evidencias que respaldaran sus denuncias, realizadas hasta ahora sin pruebas. El exalcalde de Lima también había pedido a los trabajadores de los organismos electorales que le hicieran llegar esa información de forma anónima, asegurando que garantizaría su "confidencialidad absoluta".
Pese a borrar el mensaje, ha compartido posts de seguidores que mantienen la oferta monetaria y un correo electrónico para recibir las supuestas evidencias. López Aliaga ya había fomentado una narrativa de fraude en los días antes de las elecciones.
El candidato denunció irregularidades en el proceso electoral y exigió medidas como la detención de responsables de la organización de los comicios y la suspensión de la proclamación de resultados.
Aliaga lanzó estas acusaciones tras quedar en desventaja en el escrutinio frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una carrera marcada por la incertidumbre sobre quién pasará a la segunda vuelta.
Contexto electoral y denuncias sin pruebas
Las elecciones presidenciales peruanas, celebradas el 12 de abril, han estado marcadas por problemas logísticos, como retrasos en la apertura de colegios electorales, lo que obligó a extender la votación en algunas zonas hasta el día siguiente.
El recuento apunta a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, ya que ningún candidato se acerca al 50% necesario para ganar en primera ronda.
Aliaga y otros candidatos han denunciado un supuesto "fraude", aunque sin aportar evidencias. Observadores internacionales, incluida la misión de la Unión Europea, han descartado indicios de irregularidades sistemáticas en el proceso.
"No hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevados a estas alturas", dijo la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, en una rueda de prensa durante la presentación de la Declaración Preliminar. No obstante, señaló que hubo "problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales no hayan podido abrir", lo cual provocó retrasos y protestas.
El documento destaca que estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de Perú, "al llevarse a cabo como un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos tanto para los votantes como para la Administración electoral".
No obstante, instituciones como la Fiscalía peruana y la Defensoría del Pueblo han señalado que, pese a los problemas logísticos, la votación se desarrolló de forma general ordenada y transparente.
El país afronta estas elecciones en un contexto de fuerte fragmentación política y desconfianza ciudadana, con más de 30 candidatos y una alta volatilidad electoral.
En la última década, Perú ha atravesado una sucesión de crisis políticas que han derivado en la destitución o renuncia de varios presidentes, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y episodios de disolución parlamentaria. Desde 2016, el país ha tenido seis jefes de Estado.