Una acampada de activistas a finales de abril y el documental 'Sal a la ferida' (Sal en la herida) critican el daño medioambiental cometido en esta cuenca minera barcelonesa por parte de la empresa ICL, así como sus vínculos con el fósforo blanco, un químico utilizado en Líbano con fines militares.
Hasta un millar de personas se congregó, entre el pasado 17 y 19 de abril, en una acampada protesta contra el mantenimiento de las minas de sales sódicas y potásicas en la comarca del Bages, en la provincia de Barcelona. ¿El motivo? Las consecuencias nacionales e internacionales generadas por su propietaria, Israel Chemicals Ltd. (ICL), cuya rama ibérica es conocida como Iberpotash y que es gestora de las minas de los municipios de Sallent, Balsareny, Vilafruns y Súria desde su privatización en 1998.
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Decenas de plataformas históricas de la zona, como Montasalat, denuncian desde hace años la contaminación generada en esta comarca. La empresa ha acumulado a lo largo de dos décadas montañas de residuos que se habrían filtrado alLlobregat, uno de los principales ríos que vertebra la región, tras utilizar decenas de miles de litros de agua en una zona que sufre sequías recurrentes.
Pero los manifestantes también se movilizaron contra la producción por parte de ICL de fósforo blanco, un químico que arde de manera instantánea cuando entra en contacto con el oxígeno y es muy difícil de extinguir. Propenso a adherirse a la piel y la ropa, este causa quemadurasprofundas y graves al penetrar incluso a través de los huesos.
Su uso ha sido documentado y verificado por dos organizaciones de derechos humanos el pasado 16 de octubre de 2023 en la localidad de Daraiya, al sur del Líbano, por parte del Ejército israelí, así como en la Franja de Gaza.
Los territorios palestinos -Gaza y Cisjordania- sufren esta intersección entre guerras y daños medioambientales por parte de Israel desde antes de que se agravase el conflicto histórico en la región tras los hechos del 7 de octubre. Por ejemplo, a través del desvío de sus recursos hídricos (la empresa estatal israelí Mekorot, según Amnistía Internacional, perfora sistemáticamente pozos desde la segunda mitad del siglo XX para favorecer a sus colonos y poblaciones) o la destrucción de sus cultivos.
La escalada desde 2023 contra los gazatíes no ha ayudado. "Israel ha producido más gases de efecto invernadero en los dos últimos años solo con los bombardeos que toda la actividad de España", denunció Mazin Qumsiyeh, director del Instituto Palestino para la Biodiversidad y Sostenibilidad, durante una ponencia en 2025 en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Estos dos hechos conectados (el genocidio reconocido por la ONU a través de una comisión 'ad hoc' y el daño medioambiental derivado en la región) ha generado un movimiento de resistencia civil en el corazón de Cataluña, que culminó en la concentración mencionada en el municipio de Callús.
Ocho muertes en la última década y dos comarcas afectadas
De acuerdo con el Observatorio Ibérico de la Minería, estas explotaciones han creado enormes escombreras de residuos compuestos en su mayoría por cloruro de sodio, que por culpa de la lluvia y la humedad se disuelven en una salmuera contaminada. Esta se filtra a través de las aguas subterráneas contaminando fuentes, arroyos, pozos y ríos en la cuenca del Llobregat, que suministra agua a algunas de las ciudades más grandes de la provincia, incluyendo a la capital y a su área metropolitana sudoeste.
Varios sindicatos han denunciado y organizado huelgas, además, contra las malas condiciones de trabajo que han llegado a provocar accidentes mortales. Hasta ocho trabajadores, entre mineros y geólogos, han muerto entre 2011 y 2023, principalmente por desprendimientos de roca pero también por caídas accidentales y aplastamientos entre vagones de los trenes que transporta el material. Dos de ellos eran estudiantes en prácticas.
La propia Comisión Europea inició en 2014 un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la directiva europea de recursos mineros para, primero, solventar la contaminación generada en las escombreras y, segundo, restaurar unos emplazamientos de la empresa mediante una cuestionable inyección millonaria de dinero público.
La Comisión determinó tres años después que España concedió ayudas ilegales e incompatibles con el mercado comunitario a Iberpotash y ordenó la recuperación de los importes indebidamente recibidos. Cabe destacar que las decisiones que derivaron en el procedimiento de infracción se produjeron entre 2006 y 2008, bajo un acuerdo entre la Generalitat de Cataluña (bajo la coalición del 'tripartit' liderada por el PSC, rama del PSOE catalán, además de ERC e ICV) y el Gobierno central, encabezado por los socialistas.
Los vínculos de ICL con el drama humanitario en Oriente Próximo
Varias plataformas como Amnistía Internacional señalan la conexión de ICL con el uso de munición con fósforo blanco contra civiles en Líbano y en Gaza a finales de 2023. Como puede comprobarse en este enlace público del Gobierno de Estados Unidos, ICL obtuvo un contrato para suministrar fósforo blanco al Ejército estadounidense desde 2020 hasta finales de 2025, pese a que varios de sus inversores, como Cbus, niegan que esta empresa fabrique directamente dicho químico.
La 'ABC' australiana contactó a ICL al respecto: sus responsables negaron la mayor antes de que se les preguntase por dicho contrato. Solamente entonces ICL reconoció el acuerdo, aunque asegurando que el suministro finalizó antes de la fecha pactada con EE.UU., concretamente en 2023. Es decir, el año en el que se desencadenaron los hechos del 7 de octubre y las posteriores hostilidades en el Líbano, especialmente en su zona sur.
"Queríamos señalar y visibilizar la complicidad que tiene la Generalitat (...) Están llevando la potasa de una empresa sionista para enriquecerse y seguir ayudando a Israel a cometer este genocidio", declaró Júlia Martí, portavoz de Revoltes de la Terra, en una entrevista reciente para la productora radiofónica 'Carne Cruda'.
Los indicios sobre las actividades de ICL no son una novedad. En el año 2014, un diputado laborista neozelandés (David Shearer, portavoz de Defensa y líder de la oposición los tres anteriores años) pugnó por retirar a ICL del fondo soberano de Nueva Zelanda ante las sospechas del uso militar de sus productos. La iniciativa, no obstante, no prosperó.
Un nuevo documental denuncia la situación de los habitantes del Bages y el Baix Llobregat
La denuncia de hasta seis afectados por este drama ecologista y humanitario ha sido narrada en un documental reciente, 'Sal a la ferida' (Sal en la herida), producido por 'El Salto' y en el que se entrevista a agricultores de la zona, investigadores y activistas. Nora Miralles, investigadora de la plataforma Observatori Drets Humans i Empreses y citada por 'elDiario.es', asegura que el fósforo blanco no se queda en Estados Unidos y que otra empresa de este país se encarga de revendérselo al Ejército israelí.
Durante la acampada en el Bages, los asistentes organizaron actividades como charlas y talleres. Parte de ellos también organizó acciones directas, como subir a las escombreras de los residuos químicos o desmontar tramos de las vías del tren que transporta material desde la mina de Súria hasta el puerto de Barcelona.
El plan de restauración de 2018 de las explotaciones de Sallent, Balsareny-Vilafruns, cerradas dos años más tarde, contempla un periodo máximo de 50 años para extraer y vender la sal de las escombreras, pero solo al cabo de este periodo se prevé llevar a cabo la restauración. Se estima que solamente la escombrera de El Cogulló almacena más de 40 millones de toneladas de residuos. La actividad vigente se concentra en la localidad de Súria, en la mina de las Cabanasses.