Mohammad Amini Dehaghani fue condenado por incendiar la oficina del gobernador en Isfahán el nueve de enero, mientras Amnistía Internacional denuncia que Irán usa la guerra como pretexto para acelerar ejecuciones políticas.
Irán ejecutó a un hombre condenado por incendiar un edificio gubernamental durante las protestas de enero de 2026, informó el miércoles la agencia de noticias Mizan del poder judicial, en el último de una serie de ejecuciones vinculadas a la ola de disturbios que dejó miles de muertos.
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Mohammad Amini Dehaghani fue ahorcado después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a muerte, indicó Mizan, que afirmó que se habían completado todos los trámites legales y que el juicio se celebró en presencia de un abogado.
No se ofrecieron detalles sobre cuándo fue detenido, cuándo se dictó la pena capital ni cuánto duró el proceso. El poder judicial señaló que había lanzado un cóctel molotov contra la sede del gobernador en Dehaghan, en la provincia de Isfahán, el 9 de enero de 2026, que prendió fuego al edificio, atacó una comisaría, bloqueó carreteras y causó daños a bienes públicos.
Los investigadores señalaron como pruebas las imágenes de cámaras de vigilancia y lo que describieron como confesiones del acusado. La judicatura también le acusó de difundir propaganda contra el Gobierno, contactar con cuentas en redes sociales vinculadas a la familia real Pahlavi, comunicarse en internet con activistas contrarios al Gobierno y difundir material destinado a alterar la opinión pública.
Fue condenado a muerte por los cargos de 'moharebeh', una categoría jurídica específica en la República Islámica que designa un delito grave y que se traduce aproximadamente como "hacer la guerra a Dios", y de 'efsad-e fel-arz', o "corrupción en la Tierra".
Entre los cargos figuraban acusaciones de que había utilizado un fusil Kalashnikov supuestamente arrebatado a las fuerzas de seguridad durante lo que los medios estatales iraníes llaman el 'Intento de Golpe de Dey', término con el que las autoridades se refieren a las protestas de enero.
Tras las protestas masivas desatadas en diciembre pasado por una súbita hiperinflación, que se extendieron a todo el país al mes siguiente, el régimen de Teherán lanzó una represión sangrienta contra los manifestantes, con un balance de muertos que sigue siendo imposible de verificar de forma independiente.
Las autoridades iraníes sitúan la cifra en 3.117, mientras que la organización de derechos humanos HRANA afirma haber verificado 7.007 muertos. Las estimaciones extraoficiales y no confirmadas la elevan hasta 40.000.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que los acusados en causas relacionadas con las protestas son juzgados en procedimientos opacos, a menudo sin acceso a una defensa independiente, y que las condenas se apoyan con frecuencia en confesiones obtenidas presuntamente bajo tortura.
Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades iraníes están utilizando las "condiciones de guerra" como pretexto para intensificar su represión mediante detenciones masivas, juicios acelerados, ejecuciones de carácter político y confiscaciones de bienes.
La ONU afirmó a comienzos de este año que Irán había ejecutado al menos a 40 personas en el primer semestre de 2026, entre ellas 18 en casos relacionados con la seguridad nacional.
Por otra parte, el poder judicial iraní anunció el martes que había ejecutado a dos hombres, Mohyeddin Abdollahi y Hossein Palani, condenados por pertenecer al grupo yihadista conocido como Estado Islámico y por cargos que incluían 'baghi', término que significa "rebelión armada", y la realización de acciones armadas contra la República Islámica.