Tras un verano marcado por la crisis de Ceuta, la inmigración en la UE vuelve al centro del debate. Los controles fronterizos, los centros de retorno fuera del bloque y la redistribución de inmigrantes marcarán la agenda europea este otoño.
La inmigración en la UE vuelve a situarse en el centro del debate mientras Bruselas retoma la actividad tras un verano marcado por la mayor crisis migratoria de los últimos años.
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Más de 70.000 inmigrantes irregulares entraron en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, en un solo día, el 30 de julio, superando el total de entradas irregulares registradas hasta entonces en 2026 en todas las fronteras europeas. La crisis de Ceuta desató una crisis política en España y puso en alerta al resto de Estados miembros.
La llegada masiva aumentó la presión sobre la UE para aplicar su estrategia destinada a endurecer las normas de asilo y acelerar las devoluciones, pero también puso de relieve las carencias de las nuevas reglas migratorias al someterlas a su primera prueba de resistencia real. La crisis de Ceuta será uno de los asuntos que marcarán el debate migratorio europeo durante los próximos meses.
Se espera que los líderes de la UE aborden la inmigración en la UE en octubre, durante el Consejo Europeo de Bruselas, como culminación de una temporada de intensos debates en reuniones formales e informales de ministros del Interior y embajadores.
Inmigración en la UE: Schengen, bajo presión
La primera consecuencia del efecto dominó se dejó sentir en la libre circulación dentro de la UE. Tras la crisis de Ceuta, Italia volvió a establecer durante un mes controles fronterizos aéreos y marítimos con España, mientras otros países como Dinamarca y Finlandia reclamaron que España fuera suspendida temporalmente del espacio Schengen, donde ciudadanos y residentes pueden desplazarse desde 1985 sin controles fronterizos.
España respondió con una medida de represalia simétrica hacia Italia, llegando incluso a copiar y pegar la redacción de la notificación oficial, y restableció los controles fronterizos hasta el 7 de septiembre. Al final de mes, ambos países decidieron prolongar la suspensión otros 15 días. Y el Gobierno italiano no es el único preocupado por que las normas de Schengen puedan favorecer de forma indirecta los movimientos irregulares.
En una reunión extraordinaria en línea celebrada en Bruselas a comienzos de agosto, los ministros del Interior de la UE abrieron un debate sobre el futuro de la libre circulación. 22 gobiernos señalaron que se tendrán en cuenta todas las "medidas necesarias" "para salvaguardar el orden público y hacer frente a los riesgos derivados de los movimientos secundarios (de inmigrantes)", y apuntaron a un refuerzo más amplio o a la reintroducción de controles en las fronteras.
"El sistema Schengen se ha convertido en una de las principales víctimas de las dinámicas políticas internas y de las preocupaciones de los Estados miembros en torno a la inmigración", declaró a 'Euronews' Davide Colombi, investigador sobre inmigración en el centro de estudios con sede en Bruselas CEPS.
Los Estados miembros de la UE pueden reintroducir de forma unilateral controles fronterizos temporales y puntuales en sus fronteras por un periodo máximo de seis meses, prorrogable hasta dos años, por motivos de seguridad.
En estos momentos, nueve países de la UE (Alemania, España, Italia, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Polonia, Francia y Suecia), además de Noruega, han restablecido temporalmente los controles fronterizos alegando preocupación por la inmigración irregular o por amenazas terroristas.
Los Estados miembros empezaron a mantener sus propios controles fronterizos en 2015, con la llamada crisis de refugiados en Europa, ya que la supresión de los controles internos dentro de la UE se considera estrechamente vinculada a la vigilancia de las fronteras exteriores.
"La migración tendrá amplias repercusiones en los movimientos internos. Por el momento, la Comisión opta por la vía diplomática en lugar de hacer valer el derecho de la UE y cuestionar la reintroducción de controles fronterizos", señaló Colombi.
Dónde está la solidaridad
Lejos de mostrar solidaridad, otros países de la UE acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez, tras la entrada masiva, de no proteger de forma suficiente las fronteras exteriores de Europa. La solidaridad es, al menos sobre el papel, uno de los pilares de las nuevas normas migratorias de la UE, en vigor desde el 12 de junio.
El Pacto europeo sobre Migración y Asilo prevé un mecanismo obligatorio de apoyo a los países de primera línea de la UE, a través de una "reserva de solidaridad" que fija la ayuda que los Estados deben ofrecerse entre sí para el año siguiente. Los Estados miembros tienen que elegir entre reubicar en su territorio a un número de solicitantes de asilo, hacer una contribución financiera o financiar personal y otros costes operativos.
La redistribución de inmigrantes por toda Europa es el punto más controvertido, ya que los gobiernos muestran escaso interés y han logrado reducir de forma significativa las cifras de la reserva para 2026, pidiendo excepciones.
Las reubicaciones solo se aplican a solicitantes de asilo y personas que ya han obtenido protección, por lo que quedan excluidos la mayoría de los inmigrantes irregulares marroquíes que entraron en Ceuta en julio, que han sido devueltos o van a serlo a su país de origen.
Sin embargo, España figura entre los países considerados "bajo presión migratoria" debido a las llegadas del año pasado y se beneficiará de ayuda este año. En total, otros Estados acogerán a 8.878 solicitantes de asilo procedentes de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta.
Por otra parte, esos países devolverán a los Estados de primera línea a los llamados inmigrantes de "movimiento secundario", personas que han entrado en la UE a través de un Estado miembro y después han conseguido desplazarse de forma irregular a otro, donde presentan su solicitud de asilo. Según las normas europeas, el país de primera entrada mantiene la responsabilidad de examinar la petición.
Empiezan a aparecer las primeras grietas en el nuevo sistema de solidaridad, ya que siete países han pedido a Italia que readmita inmigrantes y el Gobierno italiano ha reclamado compensaciones adicionales, no previstas en las normas de la UE, por los inmigrantes rescatados en el mar por barcos de ONG y desembarcados en puertos italianos.
Una reunión bilateral entre el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, a comienzos de septiembre, dará inicio al debate sobre la solidaridad, que continuará en el Consejo de Asuntos de Interior a principios de octubre.
El punto clave será la definición de la reserva de solidaridad para 2027, que podría situar a Italia y España en el mismo bloque, reclamando más contribuciones de otros países tras un verano de rifirrafes diplomáticos entre Roma y Madrid.
El incierto futuro de los centros de retorno
Una parte clave de la estrategia de la UE en materia de inmigración se centra en la devolución de inmigrantes irregulares, mediante un nuevo reglamento aprobado el pasado junio y considerado el más estricto hasta la fecha. La norma introduce la posibilidad de que los Estados miembros envíen personas a un país con el que no tengan ninguna vinculación directa ni indirecta, siempre que exista un acuerdo bilateral para crear centros de expulsión en ese tercer país.
Estos "centros de retorno" pueden funcionar como lugares de tránsito, donde se aloja a una persona mientras espera ser devuelta a su país de origen, o como lugares de estancia, sin garantía de una devolución posterior. Algunos gobiernos europeos buscan activamente países socios, con la mirada puesta en Asia y África central, y aspiran a tener el primer acuerdo cerrado antes de finales de año, según explicó un diplomático a 'Euronews'.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos trabajan conjuntamente en este proyecto y, según las informaciones, mantienen contactos con Uganda y Ruanda. Los ministros de Migración de los cinco países tienen previsto analizar los avances en una reunión en Copenhague el 4 de septiembre.
Este grupo de trabajo de cinco países podría abrir la puerta a un nuevo modelo a escala de la UE, pese a las críticas de la sociedad civil, las dificultades operativas y los posibles recursos legales.
"Por ahora no está del todo claro quién es responsable de los inmigrantes en un centro de retorno, cuánto tiempo pueden permanecer allí y quién supervisa sus condiciones y ofrece recursos efectivos en caso de vulneración de derechos humanos", afirmó Colombi, que subrayó que la legislación europea es deliberadamente vaga para dejar margen de maniobra a los Estados.
"Creo que habrá casos ante los tribunales contra estos centros una vez que se pongan en marcha sobre el terreno, con el riesgo de que sean anulados por completo por la Justicia, como ocurrió con el plan migratorio entre Reino Unido y Ruanda", añadió.