La apuesta del primer ministro canadiense, Mark Carney, por ampliar la producción de petróleo y gas contrasta con su reputación internacional como defensor de la lucha contra el cambio climático, según denuncian organizaciones ecologistas, que cuestionan el rumbo de su política energética.
El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo a Canadá una oferta inesperada: convertirse en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.
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Tras las reticencias al término por parte de los Estados miembros, sobre todo de Alemania, la UE apuesta ahora por una "asociación cada vez más estrecha" con Canadá, en el último borrador de una declaración conjunta que está previsto que se adopte al término de la cumbre UE-Canadá, que comienza hoy en Montreal.
Entre los Estados miembros existe un amplio consenso en estrechar la cooperación con Canadá en ámbitos como la defensa, las materias primas críticas, la energía, el comercio y la seguridad fronteriza.
Precisamente esta semana, el responsable de clima de la UE ha trasladado a los Estados miembros que deben prepararse para fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, una señal de que la Comisión se toma en serio la preparación frente al clima. ¿Y Canadá?
En este artículo analizamos las políticas de Canadá sobre petróleo y gas, transición energética, precios del carbono y lavado verde de imagen.
¿Qué es el oleoducto Pacific Link?
Desde que llegó al cargo en 2025, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha desmantelado políticas clave destinadas a reducir las emisiones, como renunciar a un límite previsto para las emisiones de petróleo y gas y suavizar la tarificación del carbono para la industria, según ONG globales como Climate Action Tracker y Environmental Defence.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Carney ha facilitado la aprobación de proyectos de petróleo y gas. Entre ellos figura un oleoducto proyectado, el Pacific Link, que transportará un millón de barriles diarios de bitumen procedente de las arenas petrolíferas desde Alberta hasta el océano Pacífico, frente a la costa de Columbia Británica, lo que amenaza el hábitat de orcas en peligro de extinción y podría aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 18,7 millones de toneladas.
Estas decisiones suponen un alejamiento significativo de las credenciales climáticas que Carney cultivó como gobernador del Banco de Inglaterra y como enviado especial de Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas.
También plantea dudas sobre si su ambición de convertir Canadá en una superpotencia energética mundial acabará sacrificando los compromisos climáticos del país, y sobre si un suministro adicional de combustibles fósiles podría ralentizar la transición hacia una energía más limpia en Europa y Asia.
De defensor del clima a promotor de los combustibles fósiles
Carney tiene fama de ser un dirigente hábil y un defensor del clima desde hace años. En parte, por sus advertencias reiteradas sobre los riesgos financieros del cambio climático.
En 2015, cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, advirtió de que las consecuencias del calentamiento global podían materializarse antes de los horizontes temporales que manejan los mercados financieros y los legisladores.
"Los efectos catastróficos del cambio climático se sentirán más allá de los horizontes tradicionales de la mayoría de los actores, imponiendo un coste a las generaciones futuras que la generación actual no tiene ningún incentivo directo para corregir", dijo Carney durante un discurso en Lloyd's of London.
Más tarde, Carney ayudó a movilizar a instituciones financieras en torno a compromisos de cero emisiones netas.
Como primer ministro de Canadá, los críticos medioambientales sostienen que la agenda de Carney da prioridad a la producción de energía, la inversión y la competitividad por encima de las políticas climáticas destinadas a reducir el consumo de combustibles fósiles.
Los cambios van más allá de la supresión del sistema de precios del carbono para los consumidores, que hacía que los hogares pagaran directamente por sus emisiones.
El Gobierno de Carney también ha eliminado la obligación de vender vehículos eléctricos, ha abandonado el proyecto de tope a las emisiones de petróleo y gas, ha debilitado el precio nacional del carbono para la industria y ha relajado las normas contra el lavado verde de imagen. Además, la financiación del transporte público se ha recortado de forma muy significativa.
En conjunto, estas medidas podrían debilitar ambos pilares de la estrategia de descarbonización de Canadá, advierten los activistas climáticos, tanto los incentivos para alejarse de los combustibles fósiles como la inversión en alternativas.
El Gobierno de Carney ha seguido invirtiendo en algunos proyectos de energía limpia, pero su énfasis en ampliar la producción de petróleo y gas está generando una tensión entre sus compromisos climáticos y su estrategia económica.
Nuevos proyectos de petróleo y gas por la vía rápida
La expresión más clara de ese giro es el empeño del Gobierno en acelerar las autorizaciones de grandes proyectos de infraestructuras.
La Building Canada Act de 2025 creó un mecanismo para declarar determinados proyectos de interés nacional y eximirlos de ciertos requisitos legales.
La normativa se presentó como una forma de acelerar proyectos considerados estratégicamente importantes, incluidos desarrollos en minerales críticos, energías renovables, energía nuclear, puertos y energía hidroeléctrica.
Pero los proyectos de petróleo y gas han tenido un papel destacado en los planes del Gobierno.
En septiembre de 2026, el Gobierno de Carney presentó una ley que permitiría preaprobar proyectos en determinadas regiones de interés nacional, reducir a un año la evaluación de los grandes proyectos y otorgar a un ministro federal mayores poderes para eliminar condiciones ambientales impuestas a proyectos ya aprobados.
Los grupos ecologistas sostienen que esta legislación debilita las garantías de protección de la fauna y reduce la supervisión pública.
Expansión del GNL y la carrera global por el gas
La estrategia energética de Carney también incluye ampliar la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Canadá.
El Gobierno ha respaldado planes que podrían duplicar la capacidad de exportación de las instalaciones de la costa oeste de Canadá. También se ha mostrado dispuesto a desarrollar exportaciones de gas desde Nuevo Brunswick si la provincia revoca la prohibición del "fracking" y pone en marcha una industria de producción nacional.
Ottawa sostiene que puede ofrecer suministros fiables a socios internacionales que buscan diversificar sus fuentes de energía. De cara a la cumbre UE-Canadá que se celebra esta semana en Montreal, se espera que ambos bloques presenten un estudio de viabilidad sobre exportaciones de GNL a largo plazo hacia Europa, según un documento al que hemos tenido acceso.
Para Europa, que ha tratado de reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, unos suministros adicionales procedentes de productores políticamente estables podrían mejorar la seguridad energética. Los mercados asiáticos también son posibles destinos para el GNL canadiense.
Pero una mayor disponibilidad de gas no se traduce en una transición energética más rápida. Las nuevas terminales de GNL y los gasoductos requieren inversiones importantes y pueden funcionar durante décadas. Si fomentan un consumo de gas a largo plazo o desvían capital de la electrificación y las energías renovables, podrían ralentizar la transición para dejar atrás los combustibles fósiles.
Esther Bollendorff, responsable del programa "fossil-free" en la ONG Climate Action Network (CAN) Europe, afirmó que Canadá no debería convertirse en el próximo proveedor de gas de la UE, sino en un socio para construir un futuro energético asequible y resiliente.
La ecologista señaló que el estudio de viabilidad sobre exportaciones de GNL a la UE que se propone es una "distracción peligrosa" respecto de la electrificación basada en renovables y la eficiencia energética.
"Corre el riesgo de consolidar infraestructuras de combustibles fósiles, activos varados y facturas más altas para los consumidores a ambos lados del Atlántico, al tiempo que socava los objetivos climáticos de Europa", afirma Bollendorff.
Los activistas medioambientales temen que la expansión de la oferta de combustibles fósiles pueda influir en las opciones de los países importadores y hacer que seguir consumiendo gas resulte potencialmente más atractivo que invertir en alternativas como la energía eólica y la solar.
Una superpotencia energética, ¿pero en beneficio de quién?
Carney ha presentado la expansión de los combustibles fósiles como una forma de reforzar la independencia económica de Canadá y atraer inversión internacional. Sin embargo, la estructura de propiedad del sector complica la afirmación de que ampliar el petróleo y el gas se traduzca necesariamente en un mayor control económico canadiense.
Un informe de la organización Canadians for Tax Fairness concluyó que las cuatro mayores productoras canadienses de arenas petrolíferas tienen un 60% de propiedad estadounidense. LNG Canada es una empresa conjunta en la que participan Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi y Kogas.
Esto significa que una parte importante del capital y de los intereses empresariales que respaldan la expansión energética de Canadá procede del extranjero.
El argumento de Carney es que Canadá puede utilizar sus recursos energéticos para reforzar su posición económica y reducir su vulnerabilidad a las presiones externas. Pero si el sector depende en gran medida del capital extranjero y del apoyo público, la distribución de beneficios y riesgos se convierte en una cuestión central.
Objetivos climáticos cada vez más difíciles de alcanzar
Este repliegue en materia de política climática se produce cuando parece poco probable que Canadá cumpla sus compromisos de reducción de emisiones.
Según Climate Action Tracker, las políticas previstas en Canadá solo podrían reducir las emisiones un 14%, muy por debajo del objetivo del país de recortarlas entre un 40 y un 45% en el mismo periodo.
Un análisis publicado en septiembre de 2026 por el Canadian Climate Institute también concluyó que Canadá no alcanzará su objetivo de emisiones para 2030, lo que sugiere que el desfase podría mantenerse incluso de cara a 2050.