El real decreto-ley permite a los maquinistas detener trenes ante riesgos graves, garantiza canales confidenciales para denunciar problemas de seguridad y refuerza las competencias de inspección. El Consejo de Ministros también crea una figura para atender a las víctimas de accidentes.
El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar las condiciones laborales de los maquinistas, coincidiendo con la primera jornada de huelga del colectivo y 13 días después del accidente de tren de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.
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La nueva normativa incorpora a la Ley del Sector Ferroviario el principio de "cultura justa", que permitirá a los trabajadores con responsabilidades en materia de seguridad comunicar riesgos operativos a través de canales internos o sistemas públicos que garanticen su confidencialidad. Los empleados no podrán ser sancionados por estas denuncias si informan de forma proactiva, ponen fin a las conductas problemáticas y colaboran con las investigaciones posteriores.
Además, los maquinistas podrán detener un tren o negarse a iniciar un trayecto cuando consideren que existe un riesgo grave e inminente, con la obligación de comunicarlo a las autoridades competentes.
El decreto también refuerza las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las empresas públicas y privadas del sector deberán facilitar el acceso de los inspectores a sus instalaciones, trenes y equipos cuando sea necesario para realizar sus funciones.
Otro de los cambios precisa qué actividades y pausas deben contabilizarse como tiempo de conducción. Se incluirán las maniobras, las interrupciones inferiores a 45 minutos y determinados descansos más prolongados cuando coincidan con pruebas, ensayos o inspecciones del tren, siempre que el maquinista siga siendo responsable del vehículo.
La normativa también busca garantizar la igualdad en los coeficientes reductores de la edad de jubilación para profesionales que desempeñen las mismas funciones. El Ejecutivo revisará qué otras categorías ferroviarias trabajan en condiciones penosas, tóxicas o peligrosas y podrían beneficiarse de estos mecanismos.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una figura de atención a las víctimas de accidentes de transporte público, con rango de subsecretaría. Su cometido será coordinar la asistencia psicológica, social y jurídica a afectados y familiares, tanto durante las primeras horas de una emergencia como a medio y largo plazo.
Esta figura tendrá competencias sobre accidentes ferroviarios, aéreos, marítimos y de autobús bajo jurisdicción estatal. No sustituirá a los tribunales ni a las investigaciones técnicas, sino que colaborará con ellos y podrá solicitar información a otros organismos públicos.
Las asociaciones de víctimas participarán en su actividad y dispondrán de tres meses desde su nombramiento para iniciar, junto con esta figura, una propuesta de reforma del marco normativo de atención a los afectados.