Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha aceptado unas restricciones éticas tras años de resistencia, y elimina el último obstáculo para la ley CLARITY, una regulación clave sobre criptomonedas que se vota el martes en el Senado.
La ley que por fin dirá a las empresas estadounidenses de criptomonedas qué supervisor las regula vuelve a ponerse en marcha.
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Los senadores republicanos difundieron el fin de semana el que consideran el texto definitivo, que incorpora un paquete ético revisado al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido tras meses de bloqueo.
La ley CLARITY, formalmente la 'Digital Asset Market Clarity Act', repartiría la supervisión de los criptoactivos entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) y la Comisión del Mercado de Valores (SEC), en sustitución de un sistema fragmentado en el que la clasificación se ha resuelto en gran medida a golpe de acciones coercitivas y pleitos.
La Cámara de Representantes aprobó su propia versión en julio de 2025 por 294 votos frente a 134, y desde entonces el principal escollo había sido el propio Trump.
Las declaraciones financieras del presidente estadounidense mostraban ingresos vinculados a las criptomonedas de entre 1.400 millones de dólares (1.200 millones de euros) y 2.200 millones de dólares (1.900 millones de euros), incluidos el memecoin TRUMP y World Liberty Financial, un proyecto de finanzas descentralizadas ligado a su familia.
Los demócratas reclamaban restricciones ejecutables a las que la Casa Blanca se había resistido hasta ahora.
Según el texto pactado, los altos cargos federales y sus cónyuges deberán desprenderse de participaciones significativas en criptoactivos o traspasarlas a un fideicomiso ciego, y tendrán prohibido emitir o patrocinar activos digitales mientras permanezcan en el cargo.
Los fiscales generales estatales podrán hacer cumplir esas normas, una concesión que la Casa Blanca había rechazado antes porque expone al presidente a fiscales a los que él no nombra.
La senadora estadounidense Cynthia Lummis, republicana por Wyoming y figura de referencia en la legislación sobre criptomonedas en la Cámara Alta desde que cofirmó en 2022 la 'Responsible Financial Innovation Act', difundió el texto junto al presidente de la Comisión de Banca, Tim Scott, y el de Agricultura, John Boozman, cuyos comités supervisan las dos agencias entre las que la ley reparte competencias.
En una publicación en redes sociales, Lummis afirmó que Trump "voluntariamente aceptó restricciones éticas sin precedentes".
La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya había presionado públicamente a los legisladores para que desbloquearan la tramitación.
Los mercados reaccionan pero la votación es solo de trámite
Bitcoin subió un 1,3 % en la mañana del lunes hasta rondar los 77.700 dólares tras conocerse la noticia.
El movimiento más acusado se produjo en HYPE, el token detrás de Hyperliquid, que avanzó más de un 3 % hasta situarse en torno a 80 dólares.
Hyperliquid gestiona el mayor intercambio descentralizado de futuros perpetuos, contratos sin fecha de vencimiento, y concentra una parte sustancial de todo el volumen de derivados en cadena.
Wall Street se ha acercado a este mercado con rapidez, con tres fondos cotizados estadounidenses al contado (ETF) lanzados en mayo y S&P Dow Jones cediendo la licencia del S&P 500 para un contrato perpetuo. Aun así, los usuarios estadounidenses todavía no pueden operar directamente en la plataforma y una legislación que defina cómo se regulan los protocolos descentralizados es precisamente lo que podría cambiar esa situación.
Con todo, conviene ser prudentes con los plazos, ya que la votación del martes es una moción de cierre de debate que únicamente lo abre formalmente y requiere 60 votos.
Los republicanos cuentan con 53 escaños, por lo que al menos siete senadores demócratas tendrían que apoyar la iniciativa, y tanto las enmiendas como la aprobación definitiva y el acuerdo con la Cámara de Representantes tendrían aún que encajar en un calendario cada vez más ajustado antes de la campaña de mitad de mandato.
La senadora Lummis ha advertido de que un fracaso ahora podría retrasar la ley hasta 2030, dejando su futuro en manos de la próxima Administración estadounidense.
Europa ya tiene sus normas y las está revisando
Como sucede a menudo, la Unión Europea se adelantó en materia de regulación.
El Reglamento de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, se aplica en todo el bloque desde diciembre de 2024 y ha dado a Europa un régimen único de licencias mientras Washington discutía sobre la jurisdicción.
Los tokens referenciados a activos y los tokens de dinero electrónico, las 'stablecoins' vinculadas a divisas o a cestas de activos, se enfrentan al régimen más estricto, que obliga a sus emisores a mantener reservas, publicar un libro blanco y obtener autorización antes de salir al mercado.
El resto, desde Bitcoin hasta los tokens más pequeños, queda sometido a requisitos de transparencia más ligeros.
Por otra parte, las plataformas de intercambio, los custodios y los brókeres deben registrarse como proveedores de servicios de criptoactivos y están sujetos a requisitos de capital, normas de gobernanza y reglas sobre la gestión de los fondos de los clientes.
El principal atractivo del régimen para las empresas es el 'pasaporte' europeo, ya que una firma autorizada en un Estado miembro puede operar en los 27 sin volver a solicitar permiso, el mismo principio que sustenta la banca y la gestión de fondos en Europa.
MiCA también prohíbe el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en criptoactivos, y obliga a los proveedores a advertir a los clientes de que sus tenencias pueden no estar cubiertas por sistemas de garantía de depósitos o compensación.
Sin embargo, este marco está ahora en revisión.
La Comisión Europea mantiene abierta una consulta sobre cómo ha funcionado MiCA en la práctica, que concluye el 30 de septiembre tras una prórroga de un mes.
Entre las cuestiones planteadas figura cómo deben abordarse las finanzas descentralizadas, el mismo aspecto que mantiene bloqueada la ley estadounidense.