Un tribunal neerlandés autorizó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht por impagos derivados del recorte a las renovables aprobado por el Gobierno español en 2013.
La sede del Instituto Cervantes en Utrecht ha sido embargada de forma cautelar por orden de un tribunal de Países Bajos, en el marco del litigio abierto por los recortes a las primas a las energías renovables aprobados en España en 2013. La medida responde a la ejecución en territorio neerlandés de laudos arbitrales internacionales favorables a diversos fondos inversores.
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Según la documentación judicial, a la que han tenido acceso medios locales, el inmueble -valorado en unos diez millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración- será vendido ante notario si no se abona la compensación reclamada. España fue notificada formalmente el pasado 20 de abril, sin que hasta ahora se haya efectuado el pago, lo que ha activado el embargo preventivo.
El conflicto se remonta a la reforma energética impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que redujo de forma retroactiva la retribución de las instalaciones renovables. Esa decisión derivó en decenas de demandas ante tribunales internacionales de arbitraje, principalmente el Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En conjunto, las reclamaciones superaban los 10.000 millones de euros, aunque el Ejecutivo asegura haber reducido esa cifra en un 85% gracias a distintas sentencias y acuerdos.
El edificio embargado alberga uno de los centros culturales españoles más emblemáticos en el país. Ubicado frente a la catedral y la torre del Dom, el Instituto Cervantes de Utrecht ocupa una antigua iglesia reformada de 1913 adquirida por el Estado en 1972. Cuenta con aulas, un salón de actos, una biblioteca especializada con más de 22.000 ejemplares y una intensa programación cultural. La institución tiene, además, una "extensión" en Ámsterdam.
Fuentes cercanas a los acreedores sostienen que el inmueble no estaría protegido por la inmunidad soberana al tratarse de una institución cultural, lo que complica la defensa española mientras continúa el pulso judicial por las deudas pendientes con el sector de las renovables.