La Administración Trump ha ordenado a su Embajada en Madrid indagar la actuación de las autoridades españolas y alerta de fallos en derechos humanos. Noelia Castillo recibió la muerte asistida la pasada semana tras casi dos años luchando en los tribunales.
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado explicaciones al Gobierno de España y ha ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid abrir una investigación sobre la gestión del caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años que murió por eutanasia la semana pasada.
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Así lo recoge un cable diplomático filtrado desvelado por el diario 'New York Post' en el que el Departamento de Estado expresa su preocupación por el manejo policial y judicial de las agresiones sexuales sufridas por la joven y por la aplicación de la ley española de eutanasia.
Según el documento, Washington exige aclaraciones sobre cómo las fuerzas de seguridad españolas abordaron las denuncias de repetidas agresiones sexuales, incluidas violaciones en grupo, que habría sufrido Castillo antes de su fallecimiento.
"Estamos profundamente preocupados por las denuncias de que la señora Castillo fue agredida sexualmente de forma reiterada mientras estaba bajo tutela del Estado y de que ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia", señala el cable.
Se trata de un nuevo episodio en la cada vez más larga lista de desencuentros entre la Casa Blanca y la Moncloa, después de que en los últimos meses Trump y su homólogo español, Pedro Sánchez, se hayan intercambiado una serie de duras acusaciones a cuenta de temas tan diversos como la inmigración o las guerras en Gaza e Irán.
En los últimos días han circulado mensajes en redes sociales que sostienen que, durante el tiempo en que Noelia estuvo bajo tutela de los servicios sociales de la Generalitat catalana, fue víctima de una agresión sexual múltiple por parte de menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, según el expediente sanitario y Administrativo del caso, no existen registros de un episodio de estas características en los centros residenciales donde la joven permaneció entre julio de 2015 y febrero de 2019. Fuentes de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat confirmaron que no consta ningún incidente de agresión sexual durante ese periodo.
La Administración Trump también pide a sus diplomáticos que trasladen al Ejecutivo español sus "serias preocupaciones" por lo que describe como "numerosos fallos sistémicos en derechos humanos" que, a su juicio, empujaron a la joven a solicitar el suicidio asistido.
El Departamento de Estado afirma haber tenido conocimiento de que Castillo "expresó dudas" en las horas previas a su muerte y que estas "fueron ignoradas", lo que, en su opinión, plantea interrogantes sobre la aplicación de la ley, especialmente en casos de sufrimiento no terminal y trastornos psiquiátricos. Sin embargo, en la entrevista que la propia Castillo concedió poco antes de su muerte, la joven no expresó ningún tipo de duda.
La investigación solicitada, no obstante, incluye recabar información sobre la identidad de los supuestos agresores, su estatus migratorio y los obstáculos legales que habrían impedido presentar cargos. El cable añade que se están examinando "acusaciones de que las agresiones fueron perpetradas por personas de origen migrante" y vincula el caso a lo que denomina preocupaciones sobre "migración masiva e ilegal".
'Euronews' se puso en contacto tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España como con la Embajada de EE.UU. en Madrid para conocer su reacción a la noticia. Por el momento, no se han pronunciado.
El caso Noelia
El fallecimiento de Noelia Castillo se produjo en Barcelona tras una larga batalla judicial con su padre. Los tribunales españoles, incluido el Supremo, avalaron su derecho a la eutanasia al considerar que padecía una condición grave e incurable con sufrimiento severo y crónico. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó intervenir.
Antes de morir, Castillo defendió públicamente su decisión y aseguró buscar "paz". Su caso ha reabierto en España el debate sobre los límites de la ley de eutanasia, en vigor desde 2021, y ha adquirido ahora una dimensión internacional tras la intervención de Washington, que habría dado de plazo hasta el 3 de abril para trasladar formalmente sus preocupaciones al Gobierno español.