La muerte de Noelia Castillo, 25 años, tras recibir la eutanasia el 26 de marzo en Barcelona, desató una avalancha de reacciones internacionales. Presidentes, actores y empresarios opinaron sobre su caso, ignorando en muchos casos que fue ella quien lo pidió.
Noelia Castillo Ramos murió el jueves 26 de marzo en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, tras someterse al procedimiento de eutanasia que ella misma había solicitado en abril de 2024 y una batalla judicial de casi dos años con su padre, que se imponía a la muerte asistida de su hija.
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El proceso duró aproximadamente 15 minutos. Tenía 25 años. Detrás de esa fecha había dos años de litigios, cinco instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una historia personal que, una vez hecha pública, se escapó de las manos de todos.
La joven se arrojó desde un quinto piso en 2022, en medio de un deterioro severo tras haber sufrido una agresión sexual. Las secuelas la dejaron con paraplejia irreversible, dolor neuropático crónico, incontinencia y dependencia funcional.
Las evaluaciones médicas concluyeron que mantenía sus facultades mentales intactas y que su condición era irreversible, requisitos necesarios según la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, en vigor desde junio de 2021. Aun así, lo que debería haber sido una decisión personal y médica se convirtió en un asunto de Estado, de redes sociales y, finalmente, de política internacional.
Repercusión internacional del caso
Quien aprovechó el caso con más proyección geopolítica fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A través de X, Bukele afirmó que casos como el de Noelia son la expresión más clara del "fin último de las organizaciones de derechos humanos" y cargó contra quienes, según él, promueven la legalización de estos procedimientos bajo el paraguas de los derechos humanos.
En otro mensaje, fue más lejos: describió a estas organizaciones como "bufetes de abogados de los delincuentes" que "prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas". El mandatario planteó que el enfoque debería centrarse en la protección y reparación de la víctima, y no en facilitar su muerte. Lo que ninguno de estos mensajes recogía era la voz de Noelia, que llevaba dos años insistiendo en que esa era precisamente su voluntad.
Elon Musk, por su parte, respondió a un mensaje que difundía información no verificada sobre la nacionalidad de los agresores de la joven, un bulo que también habían amplificado políticos españoles como Santiago Abascal, con un escueto "increíblemente trágico". Las reacciones llegaron antes incluso de que Noelia muriera. Algunas, con buena intención declarada. Otras, directamente instrumentalizando su historia.
La entrevista que Noelia dio al programa 'Y ahora Sonsoles' de la cadena privada 'Antena 3' ya se ha reproducid prácticamente diez millones de veces en x.com.
El pianista James Rhodes fue uno de los primeros en tomar la palabra, ofreciéndose públicamente a costear la atención médica y psicológica que Noelia necesitara. En su mensaje, aclaró que no cuestionaba que su decisión fuera incorrecta, sino que quería que la tomara desde un lugar de menor sufrimiento.
El actor mexicano Eduardo Verástegui fue bastante menos sutil: llegó a convocar a católicos a concentrarse frente al hospital donde se iba a practicar el procedimiento y calificó lo que iba a ocurrir como un asesinato perpetrado por un "sistema podrido".
El actor estadounidense Kevin Sorbo escribió en X que "España decidió aplicar la pena de muerte a la víctima, no a los hombres que la violaron en grupo. Nuestro mundo está roto". La frase tuvo amplia difusión, aunque omitía el detalle central: que fue Noelia quien solicitó la eutanasia.
Lo que el debate internacional dejó fuera
Entre las pocas voces que salieron a defender la decisión de Noelia se encontraba la vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Gloria Cantarell, quien señaló que la joven cumplía todos los requisitos legales: ser mayor de edad, tener nacionalidad española y ser consciente de lo que pedía.
El Gobierno de Pedro Sánchez, mientras tanto, optó por el silencio: sin declaraciones, sin gestos, sin ninguna señal de reflexión pública ante un caso que había traspasado fronteras. Ese silencio, en sí mismo, también fue leído como una postura.
Lo que el ruido internacional dificultó fue precisamente lo que el caso debería haber puesto en el centro: si el sistema acompañó a Noelia como debía antes de que llegara a tomar esa decisión, y si el debate sobre la eutanasia en España está preparado para enfrentar historias tan complejas como la suya.
El contraste resulta difícil de ignorar: el mismo Estado que no pudo protegerla en su momento sí estaba listo para ejecutar su voluntad de morir. Esa es la pregunta que muchas de las voces internacionales, entre condenas y titulares, prefirieron no hacerse.