Activistas y expertos británicos afirman que, tras el referéndum del pasado junio, se percibe cierta discriminación hacia los comunitarios que viven en el Reino…
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Activistas y expertos británicos afirman que, tras el referéndum del pasado junio, se percibe cierta discriminación hacia los comunitarios que viven en el Reino Unido.
“Hemos visto algunas ofertas de trabajo que especifican que solo nacionales británicos. Hay gente a la que se le rechaza en los contratos de alquiler. Por ejemplo, abrir una cuenta en un banco es cada vez más difícil o pedir préstamos, porque el banco quiere saber si a esa persona se le permitirá permanecer en el Reino Unido o no”, explica la activista del grupo “3 millones”, Anne-Laure Donskoy.
El grupo “3 millones” exige un acuerdo sobre los derechos de los trabajadores.
El abogado de inmigración, Jan Doerfel, dice que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para informar a los ciudadanos comunitarios sobre sus perspectivas de futuro:
“El Gobierno ha dicho a los comunitarios que deberían inscribirse en las alertas de correo electrónico, y eso es todo. Yo aconsejo a los clientes que obtengan información completa sobre si pueden obtener la residencia permanente bajo la legislación de la UE, sobre si podrían conseguir la residencia permanente en dos años o qué otras cosas les podría afectar, si deberían solicitar la nacionalidad británica, si pueden hacerlo y demás”.
Algunos expertos advierten de que las restricciones migratorias provocarán daños a la economía británica.
“El déficit, el déficit de mano de obra será, en unos cinco años, de alrededor de 230.000 personas, el tamaño de una ciudad como Luton. En todo Londres y en todo el Reino Unido va a haber inmensos vacíos, que debemos llenar por la pérdida potencial de migrantes”, indica Julia Onslow-Cole, de PwC.
También se pide información y protección de derechos de los británicos que viven o trabajan en territorio comunitario.