Uno de los desafíos que deberá afrontar la Unión Europea en 2018 es cómo meter en vereda a Polonia y Hungría, dos países que reiteradamente han cuestionado aspectos del modelo comunitario.
A pesar de las advertencias de Bruselas, Varsovia decidió el año pasado que seguía adelante con su polémica reforma del sistema judicial. Un desafío que llevó a la Comisión Europea a activar su máxima sanción, el artículo siete de los Tratados, que podría dejar al gobierno polaco sin derecho a voto.
Este miércoles, la portavoz de la Comisión, Mina Andreeva, ha reiterado que la vía del diálogo sigue abierta. “Como saben, la Comisión siempre defiende el diálogo. Eso es exactamente lo que hacemos y es también el espíritu que persigue el presidente Juncker con su invitación al primer ministro Moraviecki”, ha explicado. La visita del líder polaco a Bruselas ha sido confirmada para el 9 de enero.
La Comisión sabe que la eficacia de sus herramientas sancionadoras es limitada. Para que el artículo siete pueda entrar en vigor deberá ser aprobado por todos los estados miembro. Y el primer ministro húngaro ya ha anunciado que lo vetará.
De hecho, Budapest tiene varias causas pendientes con Bruselas, por incumplir sus compromisos de acogida de refugiados o por discriminar a ciertas ONGs y universidades.
El reto, pues, sigue adelante.