Bruselas espera recaptar 140.000 millones de euros de las energéticas europeas

La presidenta de la Comisión Europea ha presentado sus propuestas este miércoles.
La presidenta de la Comisión Europea ha presentado sus propuestas este miércoles. Derechos de autor Olivier Matthys/Associated Press
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Por Aida Sanchez AlonsoJorge Liboreiro
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La Comisión Europea quiere imponer una reducción obligatoria del consumo de electricidad del 5% durante las horas punta.

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La Comisión Europea espera recaudar 140.000 millones de euros anuales gracias al dinero de las empresas energéticas. En su discurso sobre el estado de la Unión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado que el paquete inicial de medidas extraordinarias de la UE para frenar los precios de la electricidad contendrá tres elementos:

- Un plan para introducir el ahorro de energía obligatorio durante las horas punta;

- Un tope a los ingresos excesivos de las centrales que no utilizan gas para producir electricidad, como las renovables, la nuclear, la hidroeléctrica y el lignito;

- Un mecanismo de solidaridad para captar parcialmente los excedentes de beneficios de las empresas de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) durante el ejercicio 2022.

En una acción poco habitual, la Comisión ha reunido los tres instrumentos en un único texto legislativo, que será debatido y probablemente retocado por los ministros de Energía el 30 de septiembre antes de su entrada en vigor.

La aprobación del paquete requerirá simplemente una mayoría cualificada en el Consejo y eludirá por completo al Parlamento Europeo. El objetivo es ofrecer un alivio instantáneo a los consumidores y las empresas con problemas financieros.

Todas las medidas serán limitadas en el tiempo y extraordinarias.

Ahorro de energía obligatorio

El ahorro se ha convertido en el leitmotiv de la respuesta de la UE a la crisis energética. Reducir el consumo de electricidad de los consumidores es una herramienta indispensable para hacer frente al enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda que está disparando los precios, sostienen los funcionarios de la UE.

Además del plan de reducción del gas acordado en julio, la Comisión ha propuesto ahora un plan de reducción del consumo de electricidad que abarcaría a los hogares, las empresas, las fábricas y los edificios públicos.

El plan a escala de la UE introduciría un objetivo obligatorio de reducción de la demanda en al menos un 5% durante las horas punta. En la práctica, esto afectaría a entre tres y cuatro horas por día de la semana, según estimaciones de la Comisión.

Las horas punta se refieren al momento del día en que la demanda se intensifica y los precios alcanzan sus niveles más altos, sobre todo por la influencia de las centrales de gas. Los países podrán identificar sus propias horas punta, que suelen tener lugar entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, y diseñar sus propias medidas para fomentar la reducción.

Además, un objetivo voluntario pedirá a los países que reduzcan la demanda total de electricidad -combinando las horas punta y las que no lo son- en al menos un 10% para finales de marzo.

La Comisión cree que las facturas, que alcanzan niveles récord, ya están empujando a los consumidores a reducir su consumo de energía, y el plan de la UE serviría para reforzar la tendencia actual.

Redistribución del exceso de ingresos

Según las normas actuales de fijación de precios marginales, el precio final de la electricidad lo fija el gas, el combustible más caro. Esto significa que las centrales eléctricas que no utilizan gas y tienen costes de producción significativamente más bajos, como los parques eólicos, los paneles solares y los reactores nucleares, están disfrutando de un exceso de ingresos.

"Estas empresas están obteniendo unos ingresos que nunca tuvieron en cuenta, ni siquiera soñaron", ha dicho von der Leyen durante su discurso del miércoles. La Comisión prevé un tope uniforme para toda la UE que confiscaría parte de estos ingresos y los reorientaría hacia los gobiernos, que se verían obligados a transformar el dinero en ayudas a la renta de los hogares vulnerables o en tarifas reguladas.

El tope se fijaría en 180 euros por megavatio-hora y se aplicaría directamente al precio de la electricidad creado por el mercado. Todo lo que supere el tope irá a parar al Estado.

Esto significa que si, en un día determinado, una central que no sea de gas vende la electricidad a 250 euros por megavatio-hora, el Gobierno podría recaudar 70 euros por megavatio-hora en concepto de ingresos adicionales. Los precios del mercado de la electricidad cambian cada día, por lo que se espera que las ganancias varíen. Los días en que los precios caigan por debajo de los 180 euros por megavatio-hora, el tope quedaría sin efecto.

Según el proyecto legislativo, el tope se aplicaría a la energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica sin embalse, combustible de biomasa (excluido el biometano), residuos, nuclear, lignito y petróleo crudo.

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La Comisión estima que la medida podría aportar unos 117.000 millones de euros de fondos adicionales, pero el cálculo se ha hecho sobre una base anual y la legislación sólo estaría vigente hasta marzo de 2023. Sin embargo, podría ser prorrogada por los Estados miembros si lo consideran necesario.

Los países que ya han introducido medidas similares, como Francia, España, Portugal y Grecia, podrán continuar con sus planes si persiguen el mismo objetivo que el tope inframarginal, dijeron los funcionarios de la UE.

El impuesto que no es un impuesto

Bruselas quiere recaudar más dinero persiguiendo el excedente de beneficios de las empresas que extraen y refinan combustibles fósiles, como el gas, el petróleo y el carbón.

En virtud de un llamado "mecanismo de solidaridad", los gobiernos estarán facultados para imponer un impuesto adicional de al menos el 33% sobre los beneficios obtenidos por estas empresas en el ejercicio fiscal de 2022, pero sólo si los beneficios declarados representan un aumento del 20% en comparación con la media de los beneficios obtenidos en los últimos tres años.

Esto podría suponer hasta 25.000 millones de euros para los gobiernos. El dinero se convertiría en ayudas financieras para hogares y empresas, incentivos para el ahorro de energía o inversiones en tecnología verde.

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Los funcionarios de Bruselas insisten en que la medida no equivale a un impuesto sobre las ganancias extraordinarias, aunque su esencia sea sorprendentemente similar y los excedentes de beneficios sean recaudados por las autoridades fiscales.

"Definitivamente no es un impuesto", ha defendido un alto funcionario de la UE. "Hemos comprobado cuidadosamente la base jurídica".

La política fiscal requiere la unanimidad de los Estados miembros. Pero, como la Comisión combinó los tres instrumentos en un texto jurídico global, la medida sobre las empresas de combustibles fósiles podría aprobarse por mayoría cualificada, siempre que su legalidad no sea impugnada en los tribunales.

"Tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias", ha explicado el funcionario, al ser presionado sobre la comparación del impuesto sobre las ganancias inesperadas.

¿Y qué ha pasado con el tope al gas?

No habrá tope de precios para las importaciones de gas que entren en la Unión Europea, al menos de momento. Las medidas excepcionales de la UE para combatir el agravamiento de la crisis energética se centrarán, por ahora, en el ahorro de energía y la captación de los ingresos sobrantes.

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La Comisión aún está estudiando los pros y los contras del tope de gas y no presentará ninguna propuesta legislativa hasta que se complete la evaluación interna, según entiende Euronews. La comisaria europeade Energía, Kadri Simson, ha asegurado este miércoles que seguían estudiando el impacto de un posible tope del precio del gas en el suministro de la UE.

La idea de introducir un tope de precios en toda la UE para todas las importaciones de gas, más allá de Rusia, ha cobrado fuerza en las últimas semanas, después de que en agosto se batieran récords de precios en el comercio y se elevaran las facturas de electricidad a niveles insostenibles.

La semana pasada, la mayoría de los Estados miembros apoyaron la limitación del gas, pero la Comisión ha insistido en que hay que estudiar a fondo los posibles riesgos.

El ejecutivo teme que un tope de precios para el gas desanime a los transportistas de gas natural licuado (GNL), un producto flexible y valioso que podría desviarse fácilmente a otras regiones del mundo.

La UE ha aumentado drásticamente las compras de GNL para compensar la pérdida de gas que llega a través de los gasoductos rusos, que el Kremlin sigue manipulando en represalia por las sanciones occidentales. Estos suministros adicionales de GNL se consideran esenciales para que la UE pueda pasar el invierno sin grandes cortes de electricidad o racionamiento.

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"Acudimos a las negociaciones con una mentalidad abierta, pero somos escépticos respecto a un precio máximo del gas natural", declaró esta semana el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. "Un precio máximo no resolvería el problema fundamental, que es que hay muy poco gas en Europa".

Pero los partidarios de la medida sostienen que el tope podría ser competitivo y dejar suficiente espacio para que los proveedores sigan obteniendo beneficios, pero sin cobrar tanto como ahora.

Los precios del gas rondan esta semana los 200 euros por megavatio-hora, más de seis veces el nivel registrado hace un año.

Al ser el combustible más caro para satisfacer toda la demanda de energía, el gas fija el precio final de la electricidad. Al introducir un tope de precios a las importaciones de gas, la factura de la electricidad se contendría artificialmente.

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