A partir de otoño de 2024, bastará un USB tipo C para cargar cualquier dispositivo pequeño. Para 2026, ese mismo cargador será también obligatorio para los ordenadores portátiles.
PUBLICIDAD"Estamos sustituyendo este montón de cargadores por simplemente esto". Eran palabras del eurodiputado de los Socialistas y Demócratas por Malta, Alex Agius Saliba, en el Parlamento Europeo, mientras enseñaba de manera muy gráfica la diferencia entre lo que aún necesitan, hoy por hoy, un sinfín de europeos para poder cargar sus dispositivos electrónicos y lo que sucerderá a finales de 2024.
Y es que con una abrumadora mayoría de 602 votos a favor —por 13 en contra y ocho abstenciones— el Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa que prevé un único cargador para todos los teléfonos móviles y tablets del mercado en la Unión Europea.
A partir de otoño de 2024, bastará un USB tipo C para cargar cualquier dispositivo pequeño. Para 2026, ese mismo cargador será también obligatorio para los ordenadores portátiles.
"Son 14 categorías de productos las que forman parte de esta legislación, desde los smartphones a los auriculares, pasando por las tablets", explicaba a Euronews el eurodiputado Agius Saliba. "El cargador único para todos estos productos entrará en vigor en otoño de 2024".
Apple, el peor parado
Los fabricantes de dispositivos electrónicos se han resistido durante años al impulso de la Unión Europea para estandarizar las tecnologías de carga. La decisión afectará a todos los proveedores de dispositivos electrónicos a clientes europeos. Sin duda, la empresa más afectada será Apple.
"Básicamente, cuando se trata de teléfonos inteligentes, el elefante en la habitación es Apple", confirma Agius Saliba. "Y sí, para poder vender sus productos dentro del mercado único europeo, Apple tendrá que acatar el estándar USB-C a partir de 2024".
Se espera que los distintos Gobiernos de la Unión den su visto bueno definitivo a finales de octubre, durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente. Una vez la legislación entre en vigor, los Estados miembros tendrán 12 meses para cambiar las normas y otros 12 para ejecutarlas.