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Los refugiados sirios pierden un caso histórico contra Frontex ante el Tribunal General de la UE

Una familia siria que huyó de la violencia en su pueblo se sienta en el suelo en un campo de desplazados en la localidad siria de Atmeh, cerca de la frontera turca con Siria.
Una familia siria que huyó de la violencia en su pueblo se sienta en el suelo en un campo de desplazados en la localidad siria de Atmeh, cerca de la frontera turca con Siria. Derechos de autor Khalil Hamra/AP
Derechos de autor Khalil Hamra/AP
Por Mared Gwyn Jones
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

El Tribunal General de la UE ha desestimado un caso histórico presentado por una familia de refugiados sirios contra Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras de la UE, en un duro golpe para los defensores de los derechos humanos.

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La familia siria, compuesta por dos padres y cuatro hijos, pedía una indemnización por daños y perjuicios tras ser deportada a Turquía desde Grecia en 2016.

La familia había huido de la guerra civil del país, pero tras llegar a Grecia y presentar solicitudes de asilo, fueron deportados a Turquía en una operación conjunta llevada a cabo por personal de Frontex y las autoridades griegas.

En una sentencia hecha pública este miércoles por la mañana, el tribunal con sede en Luxemburgo afirma que, dado que la agencia de vigilancia de fronteras no tiene competencias para evaluar las solicitudes de asilo, no puede ser considerada responsable de los daños.

"Son los Estados miembros los únicos competentes para evaluar el fondo de las decisiones de retorno y examinar las solicitudes de protección internacional", han apuntado los jueces.

El equipo jurídico que representa a la familia ha asegurado a Euronews que la sentencia es "insatisfactoria". "Ellos (la familia) están decepcionados de que no se responsabilice a Frontex de su papel en la expulsión ilegal de la que son víctimas y de la forma en que fueron deportados", ha asegurado un abogado de derechos humanos del bufete neerlandés Prakken d'Oliveira.

Los abogados de la familia creen que la sentencia plantea cuestiones fundamentales sobre el mandato y la responsabilidad de Frontex. "El artículo 34 del Reglamento Frontex establece que debe establecer 'un mecanismo eficaz para supervisar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia'", han señalado, "pero la sentencia no aclara qué significa esto en la práctica. Sigue sin estar claro de qué manera se exige a Frontex que lleve a cabo el control".

"Corresponde ahora a las instituciones políticas, especialmente a la Comisión Europea, aclarar el mandato de Frontex. Debe aclarar cómo Frontex debe supervisar el cumplimiento de los derechos humanos", han afirmado los abogados de Prakken d'Oliveira, confirmando que estudiarán nuevas medidas legales.

Expertos en legislación sobre derechos humanos también han mostrado su preocupación por la sentencia.Steve Peers, de la Universidad Royal Holloway de Londres, ha sugerido en X, antes Twitter, que la decisión contradecía las disposiciones sobre derechos humanos del reglamento de Frontex.

"Es irrelevante que Frontex no decida formalmente sobre devoluciones o solicitudes de asilo: la cuestión es si incumplió sus obligaciones de no contribuir a una violación de los derechos humanos", ha escrito Peers.

En respuesta a la decisión del Tribunal General, Frontex ha assegurado el miércoles que "los valiosos conocimientos adquiridos en este caso nos permiten mejorar continuamente nuestros procedimientos de retorno, garantizando que todas las personas afectadas sean tratadas con el máximo respeto".

La agencia también ha recordado que exige a los Estados miembros, en este caso Grecia, que confirmen que a las personas a las que deportan se les han "emitido decisiones individuales de retorno ejecutables y que se les ha concedido la oportunidad de buscar protección internacional."

Un caso seguido de cerca

El caso, que los activistas de derechos humanos esperaban que sentara precedente, se presentó en 2021, cinco años después de que la familia siria fuera deportada en avión a Turquía desde la isla griega de Kos, a pesar de haber solicitado protección internacional.

La familia, originaria de la ciudad kurda de Kobani (Siria), reclamaba una indemnización de 136.000 euros por los gastos materiales en los que incurrió y el desgaste emocional de los presuntos abusos contra los derechos humanos sufridos a manos de Frontex.

Al parecer, durante el vuelo a Turquía, los hijos de la familia -que entonces tenían entre uno y siete años- fueron separados de sus padres. El equipo jurídico de la familia alegó que el trato recibido violaba los derechos del niño consagrados en la legislación de la UE.

Tras su llegada a la ciudad turca de Adana, la familia fue encarcelada y, una vez liberada, no tuvo acceso a servicios básicos como vivienda, agua y saneamiento. Desde entonces se han establecido en Irak.

El caso fue la primera vez que Frontex se enfrentó a posibles acciones legales por presuntas "devoluciones" de refugiados, una acusación que se ha vertido repetidamente contra la agencia.

Frontex está siendo investigada por el Defensor del Pueblo Europeo por su papel en el naufragio mortal del Adriana en julio, en el que se calcula que perdieron la vida hasta 750 inmigrantes.

Desde entonces, el responsable de Derechos Fundamentales de la agencia ha insinuado que Frontex podría suspender todas sus actividades en Grecia en medio de una polémica sobre el papel de los guardacostas griegos en el incidente. Actualmente hay 518 agentes del cuerpo permanente y personal de Frontex trabajando en la Grecia continental y las islas, según la agencia, que también despliega 11 barcos y 30 coches patrulla.

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La decisión del Tribunal General se produce en medio de un aumento de las solicitudes de asilo en la UE que ha situado la migración en el primer plano de la agenda política. Las nuevas cifras publicadas esta semana muestran que en el primer semestre de 2023 se presentaron 519.000 solicitudes, un 30% más que en el mismo periodo de 2022.

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