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La polémica aprobación por Noruega de la explotación minera en alta mar divide al Parlamento Europeo

El Comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, en el debate sobre la aprobación por Noruega de la explotación minera en aguas profundas en el Parlamento Europeo, 17 de enero de 2024.
El Comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, en el debate sobre la aprobación por Noruega de la explotación minera en aguas profundas en el Parlamento Europeo, 17 de enero de 2024. Derechos de autor Mathieu CUGNOT/ European Union 2024 - Source : EP
Derechos de autor Mathieu CUGNOT/ European Union 2024 - Source : EP
Por Mared Gwyn Jones
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

La controvertida decisión de Noruega de aprobar la explotación minera comercial de los fondos marinos de sus aguas ha puesto de manifiesto una fractura entre la izquierda y la derecha en el Parlamento Europeo.

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El país nórdico, que no forma parte de los 27 Estados miembros de la UE, se convirtió el 9 de enero en el primero del mundo en aprobar la explotación de los fondos marinos, al votar su Parlamento a favor de permitir a las empresas mineras explorar 281.000 km2 de sus aguas, una superficie casi igual a la de Italia.

La medida ha sido rechazada por científicos y conservacionistas, que advierten de daños potencialmente irreversibles en los ecosistemas marinos.

En un debate celebrado el miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, los eurodiputados pertenecientes a grupos proclimáticos y de izquierdas también han tachado la decisión de irresponsable. "¿Cómo se ha aprobado esta propuesta cuando 800 científicos se oponen a ella, y cuando la Agencia Noruega de Medio Ambiente ha emitido un dictamen negativo?", ha cuestionado César Luena, eurodiputado de los Socialistas y Demócratas (S&D).

"La Unión Europea, comisario, tiene que actuar ya", ha añadido, apelando a Janusz Wojciechowski, responsable de Agricultura de la Comisión Europea, también presente en el debate.

Los miembros del grupo liberal Renovar Europa también han tachado la medida de prematura, y han pedido cautela hasta que haya respuestas científicas. "No cometamos en el mar los mismos errores que en tierra", ha asegurado Catherine Chabaud, eurodiputada de Renovar Europa.

La minería de aguas profundas consiste en excavar el lecho oceánico en busca de materiales críticos como el cobre, el níquel y el cobalto que se encuentran en rocas del tamaño de un puño llamadas nódulos polimetálicos. Estos materiales -esenciales para aplicaciones de tecnología limpia como baterías para vehículos eléctricos, semiconductores y paneles solares- abundan en el lecho marino.

Con las potencias mundiales tratando de superar la grave escasez en las actuales cadenas de suministro, la explotación minera de los fondos oceánicos se está convirtiendo en una perspectiva estratégica y comercialmente atractiva para los Estados que buscan adelantarse en la carrera geopolítica por las materias primas.

En diciembre, Bruselas adoptó la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA) para reducir su dependencia de China en materia prima y diversificar sus cadenas de suministro. Sin embargo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo abogan por una moratoria internacional de la explotación minera de los fondos marinos hasta que haya respuestas científicas, alegando problemas medioambientales como los daños a la vida marina y la alteración de las poblaciones de peces.

El bloque también teme que la minería pueda desestabilizar los niveles de carbono en el océano y, por tanto, reducir su capacidad para mitigar el aumento de las temperaturas globales.

Hasta ahora sólo siete Estados miembros de la UE -España, Francia, Alemania, Suecia, Irlanda, Finlandia y Portugal- han respaldado abiertamente ese llamamiento, y algunos Estados miembros como Bélgica preparan una legislación que amenaza con romper filas con la postura de la UE.

La derecha política acusa a la izquierda de "hipocresía"

Pero no todos los eurodiputados en Estrasburgo se han opuesto a la medida de Noruega. Los eurodiputados de derechas han acusado a sus homólogos de izquierdas de hipocresía por oponerse a los esfuerzos de un vecino democrático por aumentar la disponibilidad de materias primas mientras el bloque sigue dependiendo de Estados no democráticos para su abastecimiento.

La República Democrática del Congo (RDC), donde el trabajo infantil, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción están ampliamente documentados, es uno de los países africanos con los que el bloque ha firmado una asociación estratégica.

"La verdad es que actualmente nos estamos abasteciendo de China, Rusia y el Congo para todos estos minerales que necesitamos", ha explicado Tom Berendsen, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE).

"La cadena de suministro es inestable, y las condiciones laborales y los requisitos medioambientales de esos países no están a la altura de nuestros estándares. En resumen, si queremos seguir por la senda de la energía limpia, y queremos hacerlo, eso también significa tomar decisiones difíciles", añadió Berendsen.

El debate puso de manifiesto una división cada vez más evidente en el Parlamento Europeo entre la visión de las facciones políticas sobre la futura senda industrial de Europa. Los eurodiputados del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID) han aprovechado el debate para pedir al bloque que aumente cada vez más la energía nuclear.

Wojciechowski ha asegurado a los eurodiputados que la Comisión estaba "muy preocupada" por la decisión de Noruega, ya que podría incumplir sus obligaciones en virtud del Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y el Convenio OSPAR sobre la protección del medio marino en el Atlántico Nororiental.

La decisión de Noruega también plantea posibles disputas territoriales. La zona propuesta para la explotación minera incluye el archipiélago de Svalbard, en el Ártico, un área bajo soberanía noruega pero en la que otras naciones, incluidas la UE y el Reino Unido, han disfrutado históricamente de los mismos derechos a la actividad comercial en sus aguas.

Según el Tratado de Svalbard de 1920, las naciones cofirmantes deben tener igualdad de acceso en Svalbard tanto para la pesca como para las operaciones industriales, mineras y comerciales.

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