Los legisladores franceses llevan semanas debatiendo una propuesta presupuestaria que amenaza con tumbar el Gabinete de Barnier.
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El primer ministro francés, Michel Barnier, advierte de la gravedad del debate presupuestario en curso, que amenaza con apartarle del poder. "Probablemente, habrá una tormenta bastante grave y serias turbulencias en los mercados financieros", dijo Barnier el martes por la noche en una entrevista con el canal de televisión 'TF1', añadiendo que el pueblo francés quiere "estabilidad".
Los diputados franceses llevan semanas debatiendo una propuesta presupuestaria presentada por el Gobierno en minoría de Barnier que incluye duros recortes del gasto público sin precedentes por valor de 40.000 millones de euros y subidas adicionales de impuestos por valor de 20.000 millones. Barnier recalca en la red X: "El momento es serio. Los franceses exigen estabilidad".
Reducir la espiral del déficit a toda costa
Barnier ha argumentado que las medidas son necesarias para reducir por la fuerza la espiral de la deuda francesa, que con un 6,1% del producto interior bruto del país duplica con creces el límite de la Unión Europea.
Sin embargo, los legisladores de otros partidos se han negado a respaldar sus medidas, por lo que Barnier tendría que recurrir a una cláusula constitucional para aprobar por la fuerza su presupuesto antes de la fecha límite del 21 de diciembre. El uso de dicha cláusula permitiría a los diputados proponer una moción de censura y derrocar al actual Gobierno, algo que una alianza de legisladores de izquierdas ha declarado que hará.
Le Pen amenaza con una moción de censura
Los miembros del otro bloque del Parlamento, la ultraderechista Agrupación Nacional, han amenazado con respaldar la moción de censura a menos que se introduzcan cambios en el presupuesto, incluida la eliminación de los impuestos más altos previstos sobre la electricidad y un retraso en el ajuste de la inflación para las pensiones.
Marine Le Pen en su cuenta de X, compartió sus declaraciones al canal 'BFM', en las que asegura que: "Repetí al primer ministro por enésima vez nuestras líneas rojas. Las medidas previstas contra el poder adquisitivo de los franceses no nos resultan admisibles mientras no se realicen los recortes necesarios, en particular en materia de inmigración."
La líder del grupo, Marine Le Pen, también ha dicho que el Gobierno debería intentar recortar el gasto en ayuda médica a los inmigrantes y en burocracia. "Hemos dicho cuáles son los elementos no negociables para nosotros. Somos directos en nuestro planteamiento político. Defendemos al pueblo francés", dijo Le Pen.
Barnier: "Si cae el Gobierno, se desencadenaría una crisis política y financiera"
Barnier ha advertido a otros parlamentarios de la gravedad del momento, afirmando que si su Gobierno cayera probablemente desencadenaría una crisis política que no resolvería los problemas financieros del país.
"¿Qué ocurrirá? No habrá presupuesto. Tendremos que reanudar el debate. Habrá medidas de emergencia", dijo sobre un escenario en el que su partido fuera desalojado del poder. Añadió que su propuesta no era perfecta, pero hizo un llamamiento a los demás legisladores para que su aprobación aportara "estabilidad" a los franceses.
Tres bloques enfrentados desde el pasado verano
Tras las elecciones legislativas de junio y julio, la poderosa Cámara Baja francesa se ha dividido en tres bloques enfrentados. Las tres partes, una coalición de izquierdas, los aliados centristas de Macron y la ultraderechista Agrupación Nacional, tienen ideologías muy contrastadas y ninguna cuenta con una mayoría absoluta.
El Gabinete de Barnier está formado por miembros de su partido, Los Republicanos, y centristas de la alianza del presidente Emmanuel Macron, que solo cuenta con 210 legisladores, de un total de 577. El mes pasado, el Gobierno sobrevivió a una moción de censura presentada por la coalición de izquierdas porque el partido de Le Pen se abstuvo de votar.
Le Pen está siendo juzgada simultáneamente en París por la presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo. Los fiscales han solicitado una pena de 2 años de prisión, así como la prohibición de presentarse a las elecciones durante 5 años.