En su última medida para garantizar el suministro de materias primas esenciales, el presidente estadounidense ha dado instrucciones a los funcionarios federales para que aceleren la apertura de la plataforma continental de Estados Unidos a las empresas mineras.
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Aunque esperada, la orden ejecutiva de Trump sobre la "liberación" de los minerales y recursos críticos de Estados Unidos en alta mar significa que el país está a punto de extender la lucha mundial por minerales críticos como el litio y los metales de tierras raras a alta mar, mientras que la mayoría de los países todavía están negociando normas sobre cómo garantizar que la minería se realice de forma segura y sin destrucción ambiental potencialmente masiva.
"Estados Unidos se enfrenta a retos económicos y de seguridad nacional sin precedentes a la hora de garantizar un suministro fiable de minerales críticos, independientemente del control de adversarios extranjeros", reza el preámbulo de la 139ª orden ejecutiva del presidente desde que asumió el cargo en enero. Más adelante se menciona específicamente a China.
La orden, publicada el jueves, exige a los funcionarios del Gobierno que evalúen "el interés y las oportunidades del sector privado para la exploración de recursos minerales del lecho marino, la minería y la vigilancia ambiental en la plataforma continental exterior de Estados Unidos; en áreas fuera de la jurisdicción nacional; y en áreas dentro de las jurisdicciones nacionales de algunas otras naciones que expresen interés en asociarse con empresas estadounidenses en el desarrollo de minerales del lecho marino".
La escala de la ambición de Trump va mucho más allá de la de Noruega, que el año pasado anunció sus propios planes, ahora archivados tras una reacción violenta de los ecologistas, de abrir franjas de sus aguas territoriales árticas a la exploración por parte de empresas mineras.
El día en que el presidente de EE.UU. firmó la orden ejecutiva, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que ha afirmado que el bloqueo parlamentario de última hora de las ambiciones mineras de su Gobierno en los fondos marinos no era más que un aplazamiento, se encontraba en Washington para mantener conversaciones bilaterales sobre Ucrania y el comercio.
Vía rápida para la exploración
Trump ha dado instrucciones al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, para que "acelere el proceso de revisión y expedición de licencias de exploración minera de los fondos marinos y permisos de recuperación comercial en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en virtud de la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos".
Tal y como informó 'Euronews' a principios de esta semana, esto significaría que Estados Unidos utilizaría una legislación nacional poco conocida de los años 1980 para eludir las conversaciones en curso en el seno de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU, que ha acordado una moratoria a la espera de que concluyan las negociaciones en curso sobre el Código Minero que establece las normas de seguridad y protección del medio ambiente.
"Se trata de un caso claro de anteponer la codicia de las empresas mineras al sentido común", declaró Katie Matthews, científica jefe y vicepresidenta senior del grupo de campaña mundial Oceana. "Cualquier intento de acelerar la minería de aguas profundas sin las salvaguardias adecuadas sólo acelerará la destrucción de nuestros océanos".
El grupo Ocean Conservancy, con sede en Washington, se hizo eco de esta afirmación, y su vicepresidente Jeff Watters señaló que las zonas del fondo marino estadounidense sometidas a pruebas de extracción hace 50 años aún no se han recuperado por completo. Además, la medida de la Administración Trump podría desencadenar una carrera destructiva para asegurar minerales que han sido apodados el nuevo petróleo. "Al perseguir unilateralmente la minería en aguas internacionales desafiando al resto del mundo, la Administración está abriendo una puerta para que otros países hagan lo mismo", dijo.
La orden ejecutiva se produce después de que la secretaria general de la AIS, Leticia Carvalho, advirtiera el mes pasado de que "cualquier acción unilateral constituiría una violación del derecho internacional". Sin embargo, Estados Unidos no se encuentra entre los 169 países, además de la UE, que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La medida de Washington se produjo el mismo día en que la Comisión Europea presentó una propuesta para incorporar a la legislación de la UE el más reciente Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar, que pretende establecer enormes áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar en línea con la biodiversidad del Acuerdo de Kunming-Montreal de 2022.