El anuncio se produce tras una auditoría sobre las bandas de captación de menores, según la cual los hombres asiáticos que abusan de niños en grupo destacan hasta en tres áreas locales.
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Los agentes de Policía de Inglaterra y Gales estarán obligados a recopilar datos sobre la etnia y nacionalidad en los casos de abuso y explotación sexual infantil, después de que un estudio haya denunciado que se ha "eludido" esta cuestión por parte del actual Gobierno laborista.
La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, ha anunciado que será un requisito obligatorio tras recibir 12 recomendaciones formuladas por la baronesa Louise Casey, comisaria de un organismo independiente conocido como el Comisionado de las Víctimas, en una nueva auditoría sobre abusos sexuales a menores a nivel nacional, exceptuando Escocia e Irlanda del Norte.
Casey señala en su informe que el término "explotación sexual infantil en grupo" blanquea lo que las víctimas realmente sufren, desde palizas, pasando por violaciones grupales hasta embarazos forzosos con el secuestro posterior del bebé. Los agresores, además, se ceban con niños de entornos vulnerables: aquellos que viven en centros de acogida, niños con discapacidades o que han sufrido abandonos. La recomendación de recopilar información específica sobre la etnia de los agresores se formuló después de que el estudio constatara la escasez de datos a escala nacional al respecto.
La líder del Comisionado cree que no existe información suficiente para sacar conclusiones a nivel de país, pero que además en tres áreas -el Gran Manchester, West y South Yorkshire- había pruebas suficientes para demostrar que existe "un número desproporcionado de asiáticos entre los sospechosos de explotación sexual infantil en grupo". En los casos de violaciones individuales, el perfil racial de los perpetradores coincide más con el de la población local, según este informe.
"Aunque se necesitan datos nacionales mucho más sólidos, no podemos ni debemos rehuir estas conclusiones, porque, como dice la baronesa Casey, ignorar los problemas, no examinarlos ni exponerlos a la luz, permite que la criminalidad y la depravación de una minoría de hombres se utilicen para marginar a comunidades enteras", ha afirmado la ministra Cooper. "La inmensa mayoría de las personas de nuestras comunidades de ascendencia británica, asiática y paquistaní están horrorizadas por estos terribles delitos y están de acuerdo en que la minoría criminal de depredadores y agresores enfermos de todas las comunidades debe ser tratada con firmeza por el derecho penal".
Los criminales se trasladan de los parques a las tiendas de vapeo
Según el informe, los perpetradores captaban a niños vulnerables con regalos para violarlas, utilizando alcohol, drogas y violencia para mantenerlos sumisos y controlados, pero también señala que "el proceso de captación comienza en internet" y que "los 'puntos calientes' podrían haberse trasladado de los parques a las tiendas de vapeo y al uso de hoteles con instalaciones de registro anónimas".
Casey ha recomendado que se endurezca la ley para que los menores no tengan potestad legal para dar su consentimiento cuando han sido violados, de modo que los adultos que abusen de un menor de 16 años (la edad de consentimiento en Reino Unido) sean acusados obligatoriamente de violación. Aunque esto ya es así en el caso de los menores de 13 años, Casey señala que a veces se retiran los cargos o se rebajan si se afirma que el menor de entre 13 y 15 años estaba "enamorado" o "había consentido" en el momento de mantener relaciones sexuales con el agresor.
¿Por qué se ha solicitado un informe ahora?
El escándalo ha acaparado la agenda política después de que Elon Musk hiciera una serie de publicaciones en redes sociales sobre este tema en enero para atacar a los políticos laboristas. Lo hizo después de que saliera a la luz que la diputada Jess Phillips, subsecretaria de Estado para la violencia contra las mujeres y las niñas, retrasase la publicación de este informe alegando que se trataba de competencias locales, no nacionales.
Se trata de un asunto que ya ha sido examinado con anterioridad, con un informe anterior elaborado por el profesor Alexis Jay en 2014 en el que se estimaba que unos 1.400 niños fueron explotados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013, predominantemente por hombres de ascendencia pakistaní. Ese informe identificaba fallos por parte de las autoridades y la Policía, y también citaba a funcionarios de las autoridades locales que describen su "nerviosismo" al identificar los "orígenes étnicos de los perpetradores por temor a ser considerados racistas".
En un principio, los laboristas rechazaron las peticiones de una nueva investigación, ya que los sucesivos gobiernos conservadores no habían aplicado ninguna de las recomendaciones formuladas en la última investigación nacional. El Gobierno ha cedido ahora a las presiones con la publicación de este último informe y su aplicación.