El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, bloqueó el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, no por desacuerdos sobre la guerra en Ucrania, sino en protesta por el plan comunitario para eliminar progresivamente el gas ruso.
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Un nuevo veto ha aterrizado en Bruselas. Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, confirmó su votó en contra del próximo paquete de sanciones que la Unión Europea quiere imponer a Rusia en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania.
Dado que las sanciones están sujetas a normas de unanimidad, la decisión de Fico imposibilitó la aprobación de la propuesta. Curiosamente, la oposición de Fico no tiene nada que ver con las sanciones en sí. Se refiere a un asunto totalmente distinto: la llamada hoja de ruta REPowerEU.
La hoja de ruta prevé la eliminación progresiva de todas las importaciones de combustibles fósiles rusos, incluido el gas por gasoducto y el gas natural licuado (GNL), para finales de 2027. La Comisión Europea dio a conocer la hoja de ruta en mayo y presentó el proyecto legislativo en junio, basado en prohibiciones graduales de contratos de gas a corto y largo plazo.
"Rusia ha intentado chantajearnos en repetidas ocasiones armándose con sus suministros energéticos", declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. "Hemos tomado medidas claras para cerrar el grifo y acabar para siempre con la era de los combustibles fósiles rusos en Europa".
Eslovaquia, país sin salida al mar y muy vinculado a los combustibles rusos, protestó de inmediato -y a gritos- contra la retirada progresiva, advirtiendo de que elevaría los precios y pondría en peligro la competitividad. Hungría, que se encuentra en una situación similar, se unió a la resistencia.
Uno de los principales puntos de discordia ha sido la estrategia de la Comisión de enmarcar la propuesta en la política comercial y energética, lo que significa que sólo necesitará una mayoría cualificada para ser aprobada. Hasta ahora, el Ejecutivo había optado por las sanciones, una herramienta de política exterior, como opción para eliminar las importaciones de combustibles rusos, como el carbón y el petróleo. Hungría y Eslovaquia quedaron exentas de la prohibición permanente del crudo ruso.
Como las sanciones sobre el gas siguen siendo esquivas debido a desacuerdos de larga data entre las capitales, la Comisión tomó cartas en el asunto e ideó una solución creativa para garantizar que la prohibición del gas ruso viera finalmente la luz. El truco enfureció a Eslovaquia, que recurrió al veto del 18º paquete de sanciones como último recurso para obtener las concesiones que de otro modo no obtendría.
El color del dinero
Fico confirmó su veto tras mantener una reunión bilateral con Von der Leyen al margen de una cumbre de la UE en Bruselas. En los días previos a la cumbre, los funcionarios de la Comisión se habían mostrado optimistas ante la posibilidad de alcanzar algún tipo de compromiso y de que el 18º paquete de sanciones saliera adelante antes de finales de mes.
Pero entonces, el eslovaco se puso firme. En un mensaje de vídeo publicado en su cuenta de Facebook en plena cumbre, Fico expuso una extensa lista de quejas y reservas sobre la retirada progresiva, indicando que estaba abierto a un acuerdo con Von der Leyen, pero a un precio más alto de lo esperado.
"Es lamentable que nos dirijamos por este camino, ya que se trata claramente de una propuesta ideológica", dijo. "Esto nos perjudicará, a menos que se llegue a un acuerdo con la Comisión Europea que nos compense por todos los daños que esta propuesta pueda causar".
El dirigente citó cinco cuestiones que quiere abordar y, en el mejor de los casos, resolver:
- Las tasas de tránsito: Fico afirma que si Eslovaquia pone fin a las importaciones de gas ruso por gasoducto, tendrá que gastar más dinero en tasas de tránsito para traer suministros alternativos de los países occidentales, septentrionales y meridionales, que compran GNL y luego lo gasifican. Fico quiere garantías de que las futuras tarifas de tránsito tendrán el mismo coste que con Rusia.
- Precios al consumo: Fico afirma que el fin del gas ruso de bajo coste, unido al posible aumento de las tasas de tránsito, incrementará los precios del gas para los hogares "entre un 30% y un 50%", según las estimaciones de su Gobierno.
- Compensación: Por ello, Fico exige "fondos para compensar a los hogares y a la industria eslovaca, ya que ninguno de los dos podrá hacer frente a esta carga".
- Crisis energética: Fico también quiere garantías que protejan a Eslovaquia contra una subida extraordinaria de los precios del gas al por mayor, como ocurrió en la crisis energética de 2022.
- Demandas: Por último, Fico advierte de que Eslovaquia corre el riesgo de enfrentarse a una demanda de Gazprom, el monopolio ruso del gas, por valor de entre 16.000 y 20.000 millones de euros debido a la rescisión de su contrato a largo plazo, vigente hasta 2034. Los contratos energéticos rusos se rigen generalmente por condiciones bien definidas de 'take-or-pay', lo que significa que los compradores están obligados a aceptar las entregas acordadas o a pagar una indemnización económica por su negativa.
"Por lo tanto, esta cuestión debe resolverse primero", dijo Fico al final del vídeo. "Definamos la solución, y sólo entonces podremos discutir otros paquetes de sanciones. Si no se atiende nuestra propuesta de aplazar la votación, el embajador eslovaco recibirá una instrucción clara de vetar la adopción del 18º paquete de sanciones".
Fico señaló que entablaría "negociaciones constructivas", con una "misión especial" dirigida por la Comisión que tiene previsto viajar a Eslovaquia la próxima semana.
No está nada claro cómo se las arreglaría el equipo de Von der Leyen para satisfacer sus necesidades, que parecen ascender a miles de millones de euros. El presupuesto plurianual del bloque está sometido a tensiones y tiene un margen limitado para hacer frente a imprevistos o, en este caso, demandas. La eliminación progresiva propuesta no cuenta con una dotación específica de fondos de la UE. Von der Leyen no abordó el espinoso tema en su rueda de prensa al término de la cumbre, y la Comisión no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.
Las autoridades habían insistido anteriormente en que la retirada progresiva no provocaría una subida drástica de los precios al consumo porque la transición del bloque hacia una economía sin combustibles rusos ya está en marcha, con una mayor diversificación procedente de Noruega, EE.UU., Argelia, Qatar, Azerbaiyán y el Reino Unido, así como un despliegue más rápido de la energía verde de producción nacional.
"Podemos asegurarnos de que esta transición se produzca de una forma que no provoque un aumento de los precios y, desde luego, no provoque una situación de problemas de suministro para estos países", declaró en junio Dan Jørgensen, comisario Europeo de Energía. Jørgensen también subrayó que las prohibiciones previstas en la retirada progresiva serían lo suficientemente sólidas como para declarar fuerza mayor -es decir, acontecimientos o circunstancias que escapan al control de los firmantes- y proteger a los clientes frente a indemnizaciones desorbitadas.
"Hemos formulado deliberadamente esta legislación y utilizado la base jurídica que la convierte en una prohibición y, por tanto, en una situación de fuerza mayor para las empresas en cuestión", dijo. "Eso significa que no son legalmente responsables. No son ellas las que rompen un contrato". El razonamiento no ha convencido del todo a los expertos, que sostienen que las sanciones tradicionales de política exterior son el método más a prueba de balas para desafiar las demandas ante los tribunales.