La Administración de las islas, gobernada por Coalición Canaria y el Partido Popular, critica la tardanza de la medida y la ausencia de más recursos pese a haber firmado el acuerdo.
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El Gobierno de España ha pactado con el Ejecutivo canario el traslado de hasta 250 menores extranjeros no acompañados a un centro de titularidad estatal situado en la propia isla de Gran Canaria.
Se trata del primer pacto de calado entre ambas administraciones, a través de un comité interadministrativo, tras un auto del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo en el que se obliga al Estado a relocalizar a cerca de 1.000 menores solicitantes de asilo localizados en el archipiélago macaronésico, pero también procedentes de Ceuta y Melilla. El compromiso es que los nuevos traslados comiencen a ejecutarse a finales de julio.
El Gobierno canario se mantiene crítico con las medidas adoptadas, pese a haber sido partícipe de la firma, denostándolas por su tardanza y por no garantizar los recursos que ellos consideran necesarios para solventar la saturación en las islas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha censurado este martes lo que considera como "un paso atrás" en las negociaciones con el Gobierno central.
La odisea intergubernamental de los menores no acompañados continúa entre rivalidades políticas
A lo largo de 2024 y 2025 se ha tratado de fraguar un pacto consensuado entre distintos ministerios con competencias en la materia (Interior, Seguridad Social y Migraciones, Política Territorial...) y los diferentes gobiernos autonómicos, que tienen distintas sensibilidades respecto a la acogida de estos menores procedentes de otras comunidades autónomas.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo entre el PSOE y Junts durante el pasado mes de marzo para reubicar a miles de menores migrantes desde los territorios extrapeninsulares hasta el resto de autonomías, a cambio de una cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería estableció diferentes baremos como la renta o el paro de cada comunidad para ejecutar el reparto interestatal, así como las inversiones previas realizadas por estas para acoger a los niños.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por seis gobiernos autonómicos (Baleares, Comunidad Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia) contra el reparto de estos menores migrantes no acompañados.