El Tribunal Supremo exige al Ejecutivo actuar con urgencia ante el incumplimiento de una medida cautelar que protege a menores inmigrantes no acompañados en situación vulnerable.
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Mientras siguen muy presentes las imágenes del reciente naufragio en las costas de El Hierro, en el que murieron cuatro mujeres y tres niñas inmigrantes, el Tribunal Supremo español ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez este jueves que se enfrentará a sanciones si no acoge a los 1.000 menores solicitantes de asilo no acompañados en Canarias que desean pedir asilo.
El Supremo insta al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas si quiere evitar que la institución imponga sanciones económicas a los responsables. La decisión judicial, emitida tras una vista celebrada el 29 de mayo, refleja la preocupación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el incumplimiento de una medida cautelar dictada en marzo.
En el tiempo transcurrido desde entonces, no se ha realizado ninguna evaluación individual ni se ha presentado un listado detallado de los menores afectados, lo que supone, según los jueces, una vulneración de los derechos que les reconoce la normativa sobre protección internacional, especialmente a aquellos en situación de mayor fragilidad.
¿Quién tiene la culpa?
Hasta la fecha, los Ministerios de Interior y Migraciones han evitado asumir responsabilidades directas, señalándose mutuamente. Desde el Gobierno central se ha argumentado que la falta de recursos adecuados es el principal obstáculo, ya que los centros de acogida disponibles están preparados únicamente para adultos.
Según aseguran medios locales, solo se han podido asegurar 45 plazas de las 1.000 que se requieren. Además, atribuyen parte del retraso a la supuesta falta de cooperación por parte del Gobierno de Canarias, al que no enviaron el borrador del nuevo protocolo de colaboración hasta pocas horas antes de la vista judicial.