Una encuesta del Instituto Allensbach revela que el 52% de los alemanes se opone a ilegalizar la AfD. El rechazo es mayor en el este del país. La mayoría prefiere el debate político a la prohibición del partido ultraderechista clasificado como amenaza extremista.
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Una mayoría del 52% de los alemanes se opone a la prohibición del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), según una encuesta reciente del Instituto Allensbach para la Investigación de la Opinión Pública, encargada por el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.
Solo el 27% de los encuestados se mostró a favor de ilegalizar la formación, calificada como de extrema derecha por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. El rechazo a la prohibición es especialmente alto en el este del país, donde alcanza el 65%, frente al 49% en el oeste.
El estudio identifica dos motivos principales por los que gran parte de la población se opone a tomar medidas para ilegalizar la AfD. Por un lado, muchos alemanes conocen a simpatizantes del partido en su entorno cercano: el 67% en el oeste y hasta el 88% en el este aseguran tener conocidos que apoyan a la extrema derecha.
Estos simpatizantes son percibidos como más moderados que la imagen pública del partido: mientras que el 54% de los encuestados considera que la AfD es de extrema derecha, solo el 5% describe así a quienes conocen personalmente y simpatizan con el partido.
Por otro lado, una parte significativa de los encuestados sospecha que los partidos tradicionales buscan eliminar a la AfD como competidor político recurriendo a su prohibición. Además, el 54% cree que, incluso si se prohibiera, surgiría rápidamente una nueva formación con un perfil similar.
Contexto político y jurídico
La encuesta se llevó a cabo entre el 4 y el 16 de julio con una muestra representativa de 1.054 personas. Los llamamientos a ilegalizar la AfD han aumentado desde que las autoridades alemanas clasificaran oficialmente al partido como una amenaza de extrema derecha, aunque esa designación está suspendida tras un recurso legal interpuesto por la propia formación.
Cualquier intento de prohibición debería ser impulsado por el Gobierno federal, el Bundestag o el Bundesrat, y aprobado por el Tribunal Constitucional Federal, un proceso legalmente complejo y con un alto umbral jurídico.
El debate divide incluso al Gobierno. El SPD aprobó el 29 de junio una resolución para preparar un procedimiento de prohibición y propuso crear un grupo de trabajo federal-estatal. Por el contrario, la CDU/CSU rechaza esa vía y aboga por enfrentar políticamente a la AfD a través del debate público y el contenido.