La ley austríaca permite que los tribunales locales juzguen ciertos delitos cometidos en el extranjero y el tribunal de Viena es competente porque los acusados viven allí.
Un exgeneral sirio y un antiguo alto cargo de la Policía siria se sentaron en el banquillo en Viena el lunes, acusados de torturar a opositores del ya derrocado régimen de Bashar al Assad. Ambos están acusados, según la Fiscalía, "de haber ordenado en numerosas ocasiones, o de no haber impedido, el maltrato de miembros de un movimiento de protesta".
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Según la acusación, los procesados, un antiguo general de brigada de los servicios de inteligencia sirios y un exjefe de la oficina de investigaciones de la Policía criminal local, cometieron los delitos en Raqa entre abril de 2011 y marzo de 2013.
Varios casos similares relativos a crímenes cometidos durante la guerra civil siria ya se han juzgado en otros países, entre ellos Alemania, Francia y Suecia. El general de brigada Khaled al Halabi, de 63 años, en prisión preventiva desde 2024, se declarará no culpable, declaró a la prensa su abogado, Timo Gerersdorfer, antes del inicio del juicio.
Huyó de Raqa en 2013, poco antes de que el autodenominado Estado Islámico (EI) se apoderara de la ciudad. Junto a él está encausado el teniente coronel Musab Abu Rukbah, de 54 años. Ambos sirios solicitaron asilo en Austria en 2015 y desde entonces residen en el país centroeuropeo.
La represión del movimiento de protesta
La Fiscalía austríaca señaló en su escrito: "Por orden del Gobierno central y de la Oficina de Seguridad Nacional de la República Árabe Siria, 21 personas detenidas en prisiones fueron torturadas y maltratadas en el marco de la represión de un movimiento de protesta civil".
En el momento de la imputación de Halabi, los activistas lo consideraban el responsable sirio de mayor rango implicado en abusos que se encontraba en Europa. Se le imputan delitos de tortura, coacción agravada y coacción sexual, además de varios cargos por lesiones graves, y se enfrenta a penas de hasta diez años de prisión.
Rukbah, el oficial de Policía, está acusado de causar lesiones graves, así como de coacción agravada y coacción sexual, y también se enfrenta a penas de hasta diez años de prisión.
El escrito de acusación señala que se levantó el plazo de prescripción de diez años que se aplicaría en circunstancias normales. Según el texto, los tratados internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, obligaban a la Fiscalía a presentar cargos. La legislación austríaca prevé que los tribunales nacionales tengan jurisdicción sobre determinados delitos cometidos en el extranjero.
Las presuntas víctimas declararán
El tribunal de Viena es competente porque los acusados residen allí. Se han programado 13 días de vista hasta el 30 de junio. Está previsto que declaren presuntas víctimas que residen en Siria y en Europa.
Anwar al Bunni, abogado sirio afincado en Alemania que pasó cinco años en cárceles sirias, afirmó que el general debería haberse enfrentado a cargos adicionales. Calificó el juicio de "importante", pero declaró a la agencia AFP: "No sé realmente por qué no le imputan crímenes de lesa humanidad". Altos cargos austríacos sospechosos de haber protegido al exgeneral de brigada fueron absueltos en 2023.
La Fiscalía les había acusado de ayudarle a obtener protección en el país, remitiéndose a un acuerdo que supuestamente se cerró en mayo de 2015 con el servicio de inteligencia nacional israelí, el Mossad.
Según medios locales, el Mossad habría trasladado al oficial sirio a Austria desde Francia, donde se encontraba entonces. En 2016, la Comisión Internacional por la Justicia y la Rendición de Cuentas (CIJA), un grupo que recopila pruebas contra presuntos criminales de guerra, informó a Viena de los supuestos crímenes de Al Halabi.
Según la agencia de noticias austríaca APA, el acuerdo con el Mossad, con nombre en clave 'White Milk', estuvo supervisado por Martin Weiss, entonces jefe del servicio de inteligencia austríaco (BVT).
Weiss se encuentra huido en Dubái y está reclamado por sus presuntos vínculos con otro espía austríaco fugitivo, Jan Marsalek, que se sospecha que cuenta con la protección de Moscú.
Tatiana Urdaneta Wittek, del Centro para la Aplicación Internacional de los Derechos Humanos (CEHRI), abogada que representa a 18 de las 21 presuntas víctimas, declaró a la APA que existe el riesgo de que Austria esté ofreciendo refugio a los autores. "Austria no debe convertirse en un refugio para criminales de guerra", afirmó.