Los gobiernos de la UE negociarán el reparto de dos billones de euros del presupuesto a siete años, entre países frugales que piden recortes y socios que quieren proteger los fondos agrícolas.
La Unión Europea entra en una fase delicada de negociación de su presupuesto a largo plazo, con los Estados miembros divididos sobre cuánto gastar y qué áreas priorizar, antes de unas conversaciones clave en una cumbre en Bruselas el viernes.
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Existe un delicado juego de equilibrios entre los Estados miembros de la UE en torno al presupuesto de 2 billones de euros, con un grupo de contribuyentes netos encabezados por Alemania y los Países Bajos que presionan para recortar el gasto total, lo que irrita a los Estados miembros del sur y el este de Europa, que temen que la financiación de sectores como la agricultura se sacrifique en favor de un mayor gasto en Defensa.
Aunque la agricultura y la financiación regional siguen siendo las principales partidas de gasto, su peso se reduciría de forma significativa, del entorno del 60% del presupuesto actual al 44% en el marco propuesto por la Comisión para el periodo 2028-2034. A finales de mayo, un grupo de 16 países firmó un documento en el que pedía aumentar la financiación agrícola y regional y se autodenominaba los 'Amigos de la Cohesión'.
Los firmantes fueron Bulgaria, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España y Hungría. Los llamados países "frugales" (Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria) afirman que cualquier aumento del gasto sería inaceptable.
En un texto revisado presentado la semana pasada, las autoridades chipriotas, que actualmente presiden las negociaciones entre los Estados miembros, propusieron un recorte de 32.800 millones de euros sobre el total de 2 billones, que describen como un compromiso entre los Amigos de la Cohesión y los países frugales. Los líderes de la UE iniciarán las conversaciones a partir de la propuesta chipriota.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo, colegislador que tendrá que aprobar el acuerdo junto a los líderes, ha rechazado la propuesta chipriota, que considera insuficiente, en especial en lo relativo a la agricultura y la financiación regional.
Ingresos del presupuesto y refinanciación de la deuda
El debate sobre cómo se financiará el presupuesto sigue sin resolverse. La presidencia chipriota no incluyó en su texto propuestas revisadas sobre los ingresos. En su propuesta inicial, la Comisión Europea incluyó fuentes de ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS), del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), de los residuos electrónicos no recogidos, de los impuestos especiales sobre el tabaco y de un impuesto de sociedades.
Durante las negociaciones, el Parlamento Europeo ha planteado fuentes adicionales de ingresos. Según varios diplomáticos de la UE que han hablado con 'Euronews' bajo condición de anonimato, entre las propuestas que más interés han suscitado entre los líderes figuran un impuesto sobre el juego, una tasa digital y un gravamen sobre los criptoactivos.
Sin embargo, los países frugales siguen mostrando reticencias ante las medidas de ingresos propuestas, en particular Suecia. Alegan que, como algunos de los Estados miembros más ricos de la UE, soportarían una parte desproporcionada de la carga financiera.
Por su parte, países como Italia, Francia y Grecia han propuesto reembolsar el programa NextGenerationEU mediante la reemisión de deuda, un mecanismo conocido como deuda renovable. La propuesta cuenta con la firme oposición de países como Alemania y los Países Bajos, que rechazan cualquier forma de nueva emisión de deuda común.
Los líderes de la UE aspiran a alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto antes de finales de 2026. Los colegisladores quieren evitar que las negociaciones se prolonguen hasta 2027, que será un año electoral clave en varios países europeos importantes, entre ellos Francia, Italia y Polonia.
Cualquier acuerdo sobre el presupuesto necesitará el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, así como el visto bueno del Parlamento Europeo.