La acusación popular del PP en la causa de las cloacas del PSOE reclama al juez Pedraz que investigue a Mercedes González, a su antecesor y al DAO del Instituto Armado. El ministro Marlaska compareció ayer en el Senado defendiéndola pese a admitir reuniones con Leire Díez que antes había negado.
El PP ha dado un paso más en el 'caso Leire'. Como acusación popular, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame a declarar como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la causa que investiga las llamadas cloacas del PSOE. La petición no se queda ahí: los populares también reclaman que se investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, por su presunta implicación con la trama de Leire Díez y Santos Cerdán.
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El escrito, registrado ante la Audiencia Nacional, sostiene que la cúpula de la Guardia Civil "no fue un actor pasivo" en todo este asunto. A los tres mandos se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos y una "eventual cooperación" con organización criminal o, en su defecto, su encubrimiento.
Una trama que ya no es solo de la SEPI
Para el PP, el 'caso Leire' dejó de ser hace tiempo una simple historia de "fontanería" política ligada a la SEPI. Fuentes del partido la describen ahora como la pieza central de un sistema de protección institucional que habría operado desde el propio Ministerio del Interior y desde la dirección de la Guardia Civil. Eso sí, matizan: no se trata de señalar a la institución en su conjunto, sino el uso que se habría hecho de sus mandos para frenar investigaciones cuando los afectados eran del entorno del PSOE o del círculo de Pedro Sánchez.
La causa arrancó como una investigación económica en torno a la SEPI y empresas participadas, tras detectar la UCO el grupo Hirurok, formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a operaciones como el rescate de Tubos Reunidos. La Audiencia Nacional terminó transformando aquello en la macroinvestigación actual sobre las cloacas del PSOE.
"Poneos de perfil"
La parte más delicada del escrito del PP tiene que ver con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según los informes de la UCO en los que se apoya la acusación popular, la cúpula de la Guardia Civil habría ordenado "enterrar" ese expediente, exigiendo cerrarlo con la conclusión de que "no había nada" que perseguir. La consigna que circuló entre los investigadores, según ese relato, fue tan directa como "poneos de perfil".
El PP lo llama "la punta del iceberg" de una estrategia que, sostienen, responde a un patrón: cuando una causa toca al PSOE o a Moncloa, se activaría un circuito de protección que pasaría por altos mandos del Instituto Armado y por la Fiscalía. Los populares recuerdan que Leire Díez se presentaba en audios como "fontanera" del partido con acceso directo a la propia González, y ven en ese material el esbozo de un engranaje que combina presión política, campañas contra jueces y maniobras internas en cuerpos policiales.
Marlaska, en el Senado por enésima vez
El escrito del PP llega apenas un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volviera a comparecer en el Senado por este mismo asunto. Tras más de tres horas y media de interrogatorio en la comisión de investigación, el ministro salió reiterando su "total apoyo" a Mercedes González, de quien dijo no tener "ninguna duda", y defendiendo que su departamento queda completamente "fuera" de la trama.
Lo llamativo es que Marlaska volvió a matizar su versión sobre los contactos entre González y Leire Díez. Después de haber negado en su momento que hubiera reuniones entre ambas, el ministro admitió esta vez que sí tuvo constancia de al menos un encuentro: el relacionado con una petición para rehabilitar al comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, algo que González rechazó de plano. Sobre otras reuniones previas, aseguró que nunca se las comunicaron y defendió que no puede "exigir a los miembros de mi equipo que me cuenten sus encuentros privados".