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El caso Leire suma 25 investigados mientras la UCO incorpora nuevos documentos hallados en Ferraz

Belén Gualda, presidenta de la SEPI
Belén Gualda, presidenta de la SEPI Derechos de autor  SEPI
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Por Lucia Blasco
Publicado última actualización
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El juez Santiago Pedraz cita como investigadas a 25 personas, entre ellas la presidenta de la SEPI. La UCO incorpora además un nuevo informe basado en la documentación intervenida en la sede del PSOE, donde afirma haber hallado un documento atribuido a Leire Díez en poder de Santos Cerdán.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como investigadas a 25 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, tras aceptar la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Leire.

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La resolución amplía de forma significativa el número de investigados en una causa en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación, entre otros. La investigación gira en torno a una presunta trama que, según los informes de la UCO, habría tratado de influir en procesos judiciales y en distintas decisiones administrativas, entre ellas la concesión del préstamo de 112,9 millones de euros a Tubos Reunidos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos analizados responden a un "patrón estructurado de actuación continuada" en torno a varias operaciones con participación de empresas públicas. Entre los nuevos investigados figuran responsables y antiguos directivos de organismos y sociedades públicas, además de empresarios presuntamente vinculados a las operaciones objeto de la investigación.

5 operaciones bajo investigación

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la investigación se centra en cinco operaciones concretas en las que aprecia indicios de posibles irregularidades. Entre ellas figura el rescate de Tubos Reunidos por parte de la SEPI durante la pandemia, así como actuaciones relacionadas con Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) y Forestalia.

La petición de la Fiscalía se apoya en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, "al menos de forma indiciaria", aprecia la existencia de cinco operativas para influir en decisiones de distintas administraciones públicas. Según recoge el auto de Pedraz, esas actuaciones constituirían un "patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales".

El informe incorpora además una agenda con anotaciones manuscritas intervenida por la UCO en la sede del PSOE durante el registro practicado el pasado 27 de mayo. Según la Fiscalía, esas notas, relativas al rescate de Tubos Reunidos y al aplazamiento de la amortización parcial de su deuda con la SEPI, apuntan a que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, conocía las pretensiones de Tubos Reunidos y el papel desempeñado por los distintos investigados en la obtención de la autorización correspondiente.

En el caso de Belén Gualda, el juez acuerda citarla como investigada por su intervención en el expediente del rescate de Tubos Reunidos, una de las operaciones incluidas en la causa. La causa también analiza las posteriores gestiones para autorizar el aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI, sobre las que la UCO ha incorporado nueva documentación al procedimiento.

Declaraciones ante la Audiencia Nacional

Con esta resolución, el magistrado ordena la comparecencia de los 25 investigados para prestar declaración en la Audiencia Nacional y continuar con las diligencias de instrucción.

La condición de investigado no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de las personas afectadas, sino su incorporación formal al procedimiento con todas las garantías procesales y el ejercicio de su derecho de defensa mientras continúa la investigación.

El auto fija un calendario de declaraciones que se prolongará durante el mes de julio, cuando los nuevos investigados deberán comparecer ante el juez para responder sobre los hechos que se les atribuyen de forma provisional en esta fase de la instrucción.

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