La Sala de lo Penal considera probado que el exconsejero madrileño facilitó desde su posición política la adjudicación de contratos a la empresa de espectáculos entre 2007 y 2014. Otros cuatro exalcaldes también han sido condenados, mientras que dos han resultado absueltos.
La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, a dos años y seis meses de prisión por delitos continuados de fraude y prevaricación. La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, sitúa al que fue también secretario del PP de Madrid como pieza clave en el reparto de contratos de organización de festejos a favor de Waiter Music entre 2007 y 2014.
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El fallo corresponde a la pieza separada 7 de la macrocausa Púnica, en la que se sentaba en el banquillo a 14 personas, entre ellas varios alcaldes y técnicos municipales, por la adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid y distintos ayuntamientos a la empresa de José Luis Huerta, fallecido antes de poder ser juzgado.
Un sistema de adjudicaciones predeterminadas
Según los hechos que el tribunal da por probados, Waiter Music trabajó con el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013, y con los de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio entre 2007 y 2011. Todos esos consistorios estaban gobernados entonces por alcaldes del PP madrileño.
La sentencia explica que los expedientes administrativos, cuando existían, ya venían orientados de antemano hacia Waiter Music o hacia empresas vinculadas a Huerta. A cambio de mantener esa relación comercial, el empresario asumía encargos adicionales que nunca facturaba: extras durante las fiestas patronales, actos privados del PP municipal o servicios particulares para cargos políticos. En ocasiones cubría el gasto directamente; en otras, lo camuflaba inflando el precio de las facturas por encima del beneficio real del servicio contratado.
El papel de Granados, según el tribunal
Los magistrados subrayan que Granados no gestionó los expedientes de forma directa, de hecho, no tenía competencia administrativa formal sobre ellos, sino que actuó como "elemento impulsor y facilitador del sistema" desde su posición de poder político. La Sala vincula esa influencia con la recepción de contraprestaciones en especie: eventos privados costeados por Huerta.
El tribunal recuerda además que en los delitos de corrupción la prueba suele ser indiciaria, por lo que no es necesario acreditar de forma directa o documental la intervención del acusado en cada acto administrativo irregular para atribuirle responsabilidad penal.
El resto de condenas
Además de Granados, la Audiencia Nacional ha condenado a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno, a cuatro y dos años de prisión respectivamente, así como a dos años a la exalcaldesa de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y al exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Por el contrario, el fallo absuelve a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, junto a otros dos acusados en la causa.