Los críticos de los grupos de la izquierda alertan sobre las implicaciones para la privacidad de los usuarios, especialmente en las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.
El Parlamento Europeo se dispone a votar de nuevo esta semana una controvertida legislación que, de salir adelante, permitirá a las empresas tecnológicas escanear las comunicaciones en línea en busca de material de abuso sexual infantil. La propuesta se someterá a votación con un reglamento alternativo, lo que facilitará su aprobación gracias a una maniobra política del Partido Popular Europeo.
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La legislación ha sido criticada por los grupos de la izquierda, en minoría parlamentaria, por su impacto en las comunicaciones cifradas de extremo a extremo. "Los niños se protegen con una aplicación inteligente de la ley, no escaneando los mensajes privados de millones de personas inocentes", declara a 'Euronews' el eurodiputado de Los Verdes Ignazio Marino, que definió la norma como "una vigilancia masiva".
Un marco jurídico que caducó el 3 de abril permitió a plataformas como WhatsApp y Messenger tomar medidas voluntarias que excepcionaban las normas de privacidad electrónica para identificar a usuarios sospechosos de compartir material de abuso sexual infantil (CSAM). Mientras se negociaba una nueva versión de la ley, la Comisión Europea propuso una prórroga temporal de este esquema que el Parlamento rechazó en marzo, con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones.
Una maniobra para tomar la iniciativa
Pero el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo más numeroso de la Cámara, resucitó la prórroga temporal mediante un procedimiento legislativo poco habitual. Los eurodiputados del PPE votaron mayoritariamente en contra en marzo debido a varias enmiendas al texto original introducidas por la ponente socialista, Birgit Sippel, y otros diputados de izquierdas. Dichas enmiendas pretendían limitar el alcance del escaneo, explican responsables del grupo de centroderecha a 'Euronews'.
El presidente del PPE, Manfred Weber, lleva tiempo presionando para que la prórroga se apruebe sin modificaciones y ha encontrado la manera de lograrlo. Según fuentes conocedoras del asunto, el 17 de junio el PPE pidió a la presidenta del Parlamento, la también centroderechista Roberta Metsola, que impulsara el expediente provisional y ningún otro grupo se opuso.
Al día siguiente, Metsola instó a los líderes de la UE a seguir adelante con la legislación durante su intervención en la cumbre europea, y posteriormente los estados miembros acordaron restablecer la medida provisional la semana pasada. La versión de la prórroga adoptada por los países de la UE no introduce cambios de fondo y permitiría a los proveedores de servicios en línea detectar, denunciar y eliminar el abuso sexual infantil en internet hasta 2028.
Ahora debe recibir el visto bueno del Parlamento, pero la maniobra del PPE implica un giro procedimental que otorga a los partidarios de la legislación una ventaja significativa. Con arreglo al 'procedimiento legislativo ordinario', un texto queda aprobado salvo que una mayoría absoluta de todos los eurodiputados, al menos 361, lo rechace o lo modifique.
Pese a su nombre, este procedimiento se utiliza rara vez en la elaboración de la legislación comunitaria, ya que Parlamento y Consejo suelen adoptar cada uno su posición sobre las distintas propuestas y negocian después los detalles de la versión final.
"Normalmente, cuando el Parlamento rechaza un texto, el Consejo deja de trabajar en él y la Comisión acaba retirándolo. Ahora nos vemos forzados a una segunda votación que cuestiona la esencia de la democracia", declara a 'Euronews' la eurodiputada verde Markéta Gregorová, que acusa al PPE de imponer sus prioridades mediante una maniobra inusual.
La votación sobre la prórroga se celebrará el jueves en caso de que el Parlamento apruebe este martes el procedimiento de urgencia solicitado por el PPE, que presiona para que las normas provisionales se adopten cuanto antes.