El Consejo de Ministros ha aprobado transferir 309,8 millones de euros del Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para cubrir gastos de personal, en plena prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno aprobó este martes 14 de julio en el Consejo de Ministros (Sumario) una transferencia de crédito de 309.840.377,20 euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes hacia el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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El destino del dinero, según recoge el propio acuerdo, no admite dudas: cubrir insuficiencias del Capítulo 1, es decir, los gastos de personal de un departamento que dirige Félix Bolaños.
De ese capítulo forman parte las nóminas, las cotizaciones sociales, los trienios y los complementos retributivos de los funcionarios adscritos al ministerio. Se trata, en definitiva, de dinero destinado a mantener en marcha la estructura administrativa, no a programas o inversiones concretas.
La operación no es una excepción aislada. Hace apenas unos meses, en abril de 2025, el mismo Ejecutivo ya había desviado cerca de 30 millones de euros de la cartera de Pilar Alegría, exministra de Educación, hacia Justicia, en aquella ocasión para financiar proyectos de digitalización ligados al Plan de Recuperación.
La diferencia ahora es la magnitud: diez veces más dinero y un destino que no es la modernización tecnológica, sino el simple sostenimiento de la nómina.
Por qué Educación y no otro ministerio
La explicación oficial remite a la prórroga presupuestaria. Con las cuentas de 2023 todavía en vigor, el Gobierno lleva tres ejercicios sin lograr aprobar unos Presupuestos nuevos, cualquier gasto que no encaje en las partidas heredadas obliga a mover crédito entre departamentos.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destina más del 73% de sus fondos ordinarios al pago de personal, un porcentaje que, según fuentes del propio Ejecutivo, se ha visto desbordado por el alza de las retribuciones públicas.
Lo que no explica el acuerdo es por qué la cartera elegida para tapar ese agujero ha sido precisamente Educación. El texto aprobado por el Consejo de Ministros no detalla qué líneas concretas (becas, digitalización de aulas, refuerzo escolar o Formación Profesional) quedan con menos recorrido presupuestario tras perder 310 millones. Solo confirma la cifra y su destino final.
El contraste con el discurso oficial resulta evidente. Mientras el Ministerio de Educación de Milagros Tolón, antes de Alegría, ha presumido recientemente de repartir más de 31 millones entre comunidades autónomas para impulsar la FP, o de los fondos europeos recibidos gracias al Plan de Recuperación, el mismo ministerio ve ahora cómo una cifra diez veces mayor sale de sus arcas por la vía administrativa, sin debate público ni votación parlamentaria específica.
El desgaste político de gestionar sin Presupuestos
La prórroga presupuestaria no es solo un problema técnico. Cada transferencia de este tipo exige al Gobierno tomar decisiones que, en un escenario de cuentas actualizadas, se habrían discutido y aprobado con otro nivel de escrutinio.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido en repetidas ocasiones de que la falta de Presupuestos nuevos complica tanto la planificación económica como la vigilancia de las cuentas públicas.
En este contexto, la decisión de recortar a Educación para reforzar el funcionamiento interno de otro ministerio abre un flanco político previsible. La oposición dispone ahora de un argumento concreto (una cifra, una fecha, un acuerdo firmado) para cuestionar la distancia entre el relato del Gobierno sobre la educación pública como prioridad social y las decisiones presupuestarias que, en la práctica, benefician a la maquinaria administrativa del Estado.
El propio Gobierno reconoce de esta manera, de forma indirecta, la tensión estructural del problema: sin unas cuentas nuevas, el gasto de personal sigue creciendo mientras los ministerios deben adaptarse a un marco financiero pensado para otro año. La pregunta que queda pendiente es cuántas transferencias similares serán necesarias mientras la negociación de los Presupuestos de 2026 continúe bloqueada.