El Ejecutivo de Sánchez no ha presentado los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados desde 2023, dificultando la gestión económica del país.
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La Constitución española contempla que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) debe llevarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, esto es antes del 30 de septiembre. La Carta Magna establece que, si los nuevos Presupuestos no se aprueban antes del 1 de enero del año siguiente, se prorrogarán automáticamente los del año anterior hasta que existan unas nuevas cuentas, esto es precisamente lo que se viene sucediendo desde 2023.
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que sigue con las cuentas de 2023 vigentes, no ha aprobado todavía ni la senda fiscal ni el techo de gasto (el límite de gasto no financiero) y por tercer año consecutivo incumple los tiempos para presentar un proyecto de PGE. El Ejecutivo argumenta que presentar las cuentas sin tener el respaldo del Congreso sería inútil.
El Consejo de Ministros de este martes se llevará a cabo sin techo de gasto ni senda de déficit aprobados, pasos de vital importancia para poder formalizar el mandato constitucional que obliga al Gobierno a registrar las cuentas públicas tres meses antes del inicio del nuevo ejercicio.
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, explicó ayer lunes en que el proyecto está "en la recta final", además prometió llevar el techo de gasto y la senda de estabilidad "pronto" al Consejo de Ministros.
Sin embargo, parece que la aprobación por parte del Gobierno con sus socios parlamentario no será un camino fácil por las exigencias de algunas formaciones, como Junts, el partido de Puigdemont, que exige concesiones, especialmente territoriales en lo relativo a competencias y financiación para Cataluña, a cambio de negociar la senda fiscal.
El hecho de prorrogar una vez más las cuentas desactualizadas de 2023 se traduce en un menor margen de maniobra política para nuevas iniciativas, inversiones, programas sociales, etc. También complica la planificación económica a medio plazo del país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que la falta de presupuestos y de claridad en los objetivos fiscales dificultan la supervisión de las cuentas públicas.