El Ministerio de Juventud e Infancia ha acudido a la Fiscalía de Menores al considerar que la decisión del Gobierno de Aragón discrimina a los inmigrantes menores no acompañados y tutelados por la comunidad autónoma y puede vulnerar sus derechos fundamentales.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el Gobierno de Aragón por su decisión de retirar la asignación económica semanal a los inmigrantes menores tutelados por la comunidad autónoma, mientras mantiene esa ayuda para los de nacionalidad española.
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"Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", afirmó la ministra Sira Rego en un comunicado difundido este lunes, en el que dio a conocer su decisión de acudir a la vía legal.
La medida fue anunciada previamente por el Ejecutivo aragonés, que dirige el área de Desregulación, Bienestar Social y Familia bajo la vicepresidencia de Alejandro Nolasco, miembro de Vox. El responsable autonómico ha calificado estas ayudas, de 17 euros semanales por menor, como "propinas".
Desde el Gobierno regional han justificado la decisión esgrimiendo que estas asignaciones carecían de una regulación clara y que suponían un gasto anual de cerca de 180.000 a las arcas locales. "Estos 180.000 euros de gasto anual equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias", sostuvo Nolasco al anunciar la medida.
¿Trato discriminatorio?
Según el Ministerio, la medida establece un trato desigual entre menores que se encuentran bajo tutela de una misma administración pública en función de su origen. Por ello, sostiene que podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia y constituir una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de dar lugar, en su caso, a un posible delito de odio.
En el escrito remitido a la Fiscalía, el Gobierno argumenta que la retirada de la prestación contraviene el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, así como su artículo 39, que recoge los principios de protección de la familia y de la infancia y obliga a los poderes públicos a garantizar la protección de los menores.
La ministra Rego calificó la medida de "racista", "miserable" y "cutre", y sostuvo que responde a "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox", con el objetivo de "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma".
El Ministerio recuerda, además, que las administraciones responsables de menores tutelados tienen la obligación legal de garantizar sus necesidades básicas y favorecer su integración sin discriminación. En ese sentido, defiende que estas asignaciones contribuyen a fomentar su autonomía y su transición a la vida adulta.
La denuncia insta a la Fiscalía a investigar los hechos y a adoptar, si lo considera oportuno, las medidas necesarias para proteger a los inmigrantes menores afectados por la decisión del Gobierno regional.