La universidad madrileña solicita que Begoña Gómez y su asesora indemnicen a la universidad con más de 113.000 euros y devuelvan el control del software investigado. El caso se dirige a juicio tras el archivo de parte de los delitos inicialmente investigados.
La Universidad Complutense de Madrid ha solicitado que Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, indemnicen a la institución con 113.509,32 euros por los perjuicios derivados del desarrollo y uso del software investigado en la causa judicial que desembocará en un juicio con jurado popular. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su petición de absolución para ambas.
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La reclamación figura en el escrito de conclusiones presentado por la universidad ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde la UCM ejerce la acción civil como parte perjudicada. La institución considera que el programa informático desarrollado en el marco de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva, codirigida por Gómez, constituye un activo universitario elaborado con recursos públicos y aportaciones de entidades colaboradoras.
Además de la compensación económica, la Complutense solicita recuperar la titularidad y el control del software, así como todos los elementos asociados a él, incluidos códigos fuente, documentación técnica, dominios, accesos, credenciales y derechos de explotación que puedan encontrarse en poder de las personas que resulten condenadas.
La petición llega después de que la Audiencia de Madrid archivara los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente investigaba el juez Juan Carlos Peinado, manteniendo, no obstante, la acusación por un presunto delito de malversación relacionado con el uso del software y de recursos de la universidad. A raíz de esa decisión, el magistrado requirió a las partes que reformularan sus escritos de cara al juicio.