El Consejo General del Poder Judicial ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sendas diligencias sobre el magistrado Juan Carlos Peinado por sus alusiones a los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno de España y por otro proceso. Otras cuatro quejas han sido archivadas.
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra Begoña Gómez, podría ser sancionado por sugerir que los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a escapar para evitar tener que rendir cuentas ante la Justicia.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había acordado en junio abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por sus afirmaciones incluidas en un auto en el que sugirió que los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente podrían facilitar una eventual fuga, después de ordenarle que entregara su pasaporte.
La posibilidad ahora de sancionar al magistrado se abre después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, aprobara esta vía.
Tras la votación, el organismo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos diligencias informativas abiertas después de que se presentaran una serie de quejas contra el magistrado. Ahora, el TSJM deberá valorar si Peinado pudo incurrir en una falta leve de desconsideración por su alusión a los escoltas y en otra por retraso, en relación con otro procedimiento independiente.
La decisión salió adelante con el respaldo de los tres vocales progresistas y de la propia Perelló, a pesar de la oposición de los miembros del ala conservadora.
Otras cuatro quejas, archivadas
Al margen de las dos diligencias informativas remitidas al TSJM, la Comisión Permanente ha optado por archivar otras cuatro quejas que pesaban sobre el juez Peinado, incluida la del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras ser citado como testigo en la causa de Begoña Gómez.
El ministro había protestado formalmente por una serie de exigencias que el magistrado planteó durante el interrogatorio al que le sometió, como que se pusiera a su disposición un vehículo oficial para acceder a La Moncloa o una tarima que le permitiera situarse más alto que el testigo durante la declaración.
Sin embargo, la mayoría de la Comisión Permanente ha considerado que las exigencias del juez no supusieron "la vulneración de ningún derecho del testigo" y que "no hubo desconsideraciones explícitas", según recogen medios locales.
Otra de las quejas que finalmente fueron archivadas fue la presentada por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez e investigada en el proceso, quien acusó a Peinado de filtrar a 'OKdiario' una providencia que aún no se había dictado. El Consejo no consideró acreditado que fuera el magistrado quien filtró la información.
Las otras dos quejas archivadas se referían, por un lado, a que Peinado acordó fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa por presunta malversación contra el exgerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente. Por otro, cuestionaban que no permitiera declarar por videoconferencia en otro proceso, además de atribuirle un trato presuntamente desconsiderado hacia los letrados y la adopción de medidas cautelares consideradas desproporcionadas.